Opinión
La decisión adoptada por el Gobierno nacional de reformar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) constituye un paso en la dirección correcta. La reforma fue instrumentada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación y requerirá la adhesión de cada provincia para su efectiva aplicación en las distintas jurisdicciones. Se trata de un aspecto central, ya que la magnitud de los beneficios dependerá en gran medida de la voluntad de los gobiernos provinciales de acompañar una transformación que busca eliminar barreras de ingreso y ampliar las alternativas disponibles para los usuarios.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la apertura permanente del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Este cambio supone una innovación significativa respecto del esquema anterior, caracterizado por la existencia de cupos y limitaciones que restringían la incorporación de nuevos actores. A partir de ahora, talleres privados, concesionarias y otros establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos podrán solicitar su incorporación al sistema para realizar las revisiones obligatorias.
La competencia entre distintos oferentes debería favorecer la aparición de precios más competitivos y servicios diferenciados en lo que respecta a la Revisación Técnica Obligatoria.
La existencia de una competencia genuina le permite a los prestadores tener incentivos para mejorar la calidad de sus servicios, optimizar los tiempos de atención, invertir en tecnología y ofrecer condiciones más convenientes para atraer clientes.
Otro de los aspectos destacados de la reforma es la eliminación del esquema de tarifas reguladas a nivel nacional. En adelante, los precios serán de libre acuerdo entre usuarios y prestadores. Este cambio puede convertirse en una herramienta eficaz para promover una mayor eficiencia económica. La competencia entre distintos oferentes debería, en principio, favorecer la aparición de precios más competitivos y servicios diferenciados, permitiendo que cada conductor elija la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.
La medida apunta, precisamente, a generar una mayor competencia y a mejorar el acceso a la revisión técnica en distintas regiones del país. En numerosas localidades, especialmente las alejadas de los grandes centros urbanos, la escasez de plantas habilitadas obligaba a realizar largos desplazamientos o soportar demoras considerables para obtener turnos. La ampliación de la red de prestadores contribuirá a corregir esas distorsiones y facilitará el cumplimiento de una obligación que tiene una importancia fundamental para la seguridad vial.
Algunas voces críticas han expresado reparos vinculados a una eventual disminución de los estándares de control. Sin embargo, tales temores parecen carecer de fundamento a la luz de las exigencias que la propia normativa establece. Para obtener la habilitación, los talleres deberán acreditar capacidad técnica, contar con equipamiento específico y designar un director técnico, que necesariamente deberá ser un ingeniero matriculado. Además, los establecimientos habilitados estarán sujetos a auditorías posteriores realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo encargado de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.
En otras palabras, la reforma no elimina los controles ni relativiza los requisitos de seguridad. Lo que modifica es la forma de organizar la prestación del servicio. Se mantiene la obligatoriedad de las inspecciones técnicas y se preservan los estándares necesarios para garantizar la aptitud de los vehículos que circulan por la vía pública, pero se reemplaza un modelo restrictivo por otro basado en la competencia regulada.
