FESTIVAL DEL CABRITO
Concejales de Juntos por el Cambio afirmaron que la Carta Orgánica no le otorga esta facultad al intendente.
El anuncio del intendente Luis Polti de aplicar el «derecho de admisión» en el Festival del Cabrito 2022 y no dejar ingresar a aquellas personas que «critiquen al festival» generó una rápida respuesta de sectores de la oposición y de organismos que velan por los derechos humanos y luchan contra la discriminación.
En este sentido, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Recreo presentó un pedido de informes para que la Comisión Organizadora del Festival del Cabrito remita el listado de personas y los motivos por los cuales «estarían bajo el derecho de admisión».
«El pedido es por los precedentes vividos en la edición del año 2020 en la fiesta de los lapaceños y por los dichos del intendente», indicaron los ediles en la presentación en la que recordaron: «En la edición 2020, arbitrariamente y sin contenido algunos ciudadanos fueron privados del ingreso al festival y retirados del lugar con la fuerza como si fueran delincuentes ante la mirada de sus familiares».
«Dejamos constancia de que estamos totalmente en desacuerdo con los dichos del intendente y nos solidarizamos con la familia de la concejal Romero, que tuvo que pasar por un mal momento en la edición 2020. Esperamos que no vuelva a suceder», cerraron.
En diálogo con El Ancasti, el concejal Luis Alberto Ledesma calificó como «persecución arbitraria» la medida aplicada por Polti para luego desmentir los dichos del intendente en relación con que está facultado por la Carta Orgánica del Municipio a decidir quién entra o no al festival. «Nada de lo que afirma es real. Lo que dice la Carga Orgánica es que es el presidente honorífico de la Comisión Organizadora, que también debe estar integrada por los ciudadanos y por un representante de cada bloque del Concejo Deliberante, situación que no se cumple», sostuvo.
Ledesma recordó que Polti aplicó el «derecho de admisión» en el anterior Festival del Cabrito por lo que recibió críticas de la sociedad y de diferentes sectores políticos. «Pensábamos que iba a cambiar de actitud, pero claramente no lo hizo y vuelve a repetir el mismo error», manifestó.
Finalmente, indicó que con el pedido de informes presentado por el bloque se busca que el municipio entregue la lista de las personas que no podrán entrar al festival y de esta forma analizar la posibilidad de realizar alguna presentación en la justicia por discriminación.
“Violencia institucional”
Quien también se refirió al tema fue el diputado nacional de Catamarca por la Coalición Cívica, Rubén Manzi, quien sostuvo que el intendente Polti se adjudica el «derecho de admisión excluyendo del festival más representativo de la zona a quienes considera opositores, dentro de ellos, periodistas, referentes gremiales, empleados dados de baja, entre otros».
Sin embargo, añadió que «esta persecución no es nueva en las prácticas del intendente del Frente de Todos que de manera sostenida viene cercenando las libertades de quienes critican su gestión».
«Estas amenazas y amedrentamientos en el departamento La Paz constituyen prácticas sistemáticas de violencia institucional. No podemos ser espectadores de estos reiterados abusos de poder», finalizó.
El INADI repudió la medida
La delegación local del INADI expresó su preocupación y afirmó que bajo el derecho de admisión «se esconden prácticas profundamente discriminatorias».
El organismo resaltó que el derecho de admisión «nace de una concepción cultural que hasta hace poco tiempo no tenía ningún respaldo legislativo», por lo que «lugares de esparcimiento y comercios alegaban un derecho que no existía, violentando la Constitución Nacional».
Si bien aclaró que la sanción de la Ley 23370 (de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general) le puso un marco legal al concepto, destacó que esta norma «tiene sus límites» y detalló que las disposiciones no deben ser contrarias a la Constitución Nacional.
En cuanto a las causales por las que se puede impedir el ingreso de una persona a un lugar, la Ley indica que debe presentar actitudes violentas, ser un peligro para otras personas o portar símbolos racistas, xenófobos o dificultar el desarrollo del evento. Finalmente, el delegado del INADI, Fernando Olivera, manifestó que la aplicación del derecho de admisión por funcionarios en un espectáculo público, sin respetar las condiciones de la Ley, es «arbitrario, inconstitucional y discriminatorio y abre la posibilidad a denuncias y acciones legales».
