FEMICIDIO DE CINTHIA ARANDA
La diputada Juana Fernández pidió la renuncia y apuntó al ministro de seguridad, Gustavo Aguirre. Víctimas de violencia, agrupaciones sociales y partidos de izquierda exigieron cambios.
El femicidio de Cinthia Aranda provocó ayer la reacción de la oposición y la sociedad a través de comunicados de prensa y mensajes en las redes sociales, que a la vez generaron la convocatoria a una marcha de protesta para la tarde, que se inició en la Plaza 25 de Mayo y terminó frente a la Jefatura de Policía, donde estuvo la cúpula policial.
Integrantes de organizaciones sociales, partidos de izquierda y ONG, del MST, Marea Transfeminismo Popular, Barrios de Pie, Nuestra América, Ni Una Menos Catamarca y autoconvocados marcharon pidiendo la renuncia del jefe de Policía, Ángel Agüero.
Al malestar social que generaron desafortunadas medidas adoptadas por Agüero, como ser la reincorporación de efectivos pasados a disponibilidad por graves causas penales, el nombramiento de numerarios imputados en cargos jerárquicos y decenas de denuncias por brutalidad policial en el marco de la pandemia, se sumó la muerte de Aranda, a manos de su expareja, efectivo policial, en Saujil.
En este contexto, Juana Fernández, diputada radical, cuestionó a Agüero y le pidió “renunciar de manera inmediata como máxima autoridad” de la Policía de la Provincia.
«Desde el año 2012 que no se toman exámenes psicológicos en la Policía en los cursos para ascenso ni del personal superior ni del personal subalterno, de manera que si hay indicadores de inestabilidad psicológica por parte de un policía, no hay forma de detectarlo hasta que ocurre una tragedia como la de Saujil”.
Consideró que “si el ministro de Seguridad Aguirre no toma la decisión de remover a Agüero, el costo político se lo va a traer con él a la Cámara de Diputados cuando finalice su licencia en mayo”.
Además pidió al gobernador Raúl Jalil “que reconozca las falencias en seguridad y tome medidas urgente».
A su vez, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Luis Lobo Vergara, a través de las redes consideró que «nuevamente queda en evidencia la desprotección que sufren las mujeres. El Estado le falló a Cinthia y a todos los que trabajamos por una sociedad libre de violencia. Las fuerzas de seguridad deben dar el ejemplo, los cambios son urgentes».
Desde el oficialismo, el diputado Juan Denett comentó que «después de varios días de agonía, la violencia machista se cobró la vida de una catamarqueña más. Su femicida es un agente de las fuerzas policiales, una situación indignante y aberrante».
Desde el Gobierno, la secretaria de Mujeres, Diversidad y Género, María Carrizo, indicó que «este femicidio fue una muerte violenta de una congénere, cometido fuera del horario de trabajo con un arma que se da al funcionario público para otra cosa”.
Recordó el momento en que el acusado del femicidio y expareja de Aranda, el policía Diego Ortega, mientras estaba detenido en la comisaría de Saujil fue visto por manifestantes cuando tomaba mate en el patio de la dependencia con otros colegas, y consideró que “en el caso de la Policía hay una estructura, todavía, de formación de violencia institucional que se va a tener que tratar”.
La agrupación de Comunicadoras Feministas Catamarqueñas Eulalias y el Movimiento Ni Una Menos Catamarca coincidieron al señalar que «desde que Martel era ministro de Seguridad, pedimos que se aplique un protocolo en el que se les retire el arma reglamentaria a los policías con denuncia por violencia de género. Diseñamos y presentamos el protocolo que nunca se aplicó».
Y agregaron: «Cuando asumió Gustavo Aguirre repetimos ese pedido y solicitamos que se incorpore formación en género y derechos humanos en la escuela de policía, lo que nunca sucedió. Pero sí reincorporó a policías que estaban en disponibilidad por causas penales en su contra».
Hicieron hincapié en que «Martel, quien es ahora Ministro de la Corte de Justicia, en los medios de comunicación dijo que no tienen presupuesto para poner en funcionamiento los juzgados especializados en Género en la provincia».
De la marcha participaron víctimas de violencia y familiares de víctimas, entre ellas, de Brenda Gordillo cuyo femicida Naim Vera, condenado a perpetua, espera que la condena quede firme.
Entre otras consignas exigieron al ministro Aguirre «cambios estructurales, que haya formación en género y derechos humanos, y evaluaciones psicológicas periódicas a todo el personal».
«No queremos que nos maten. Queremos políticas públicas que sean aplicadas y no solamente enunciadas», manifestaron.
