Fallo judicial y reclamo
La Justicia rechazó una demanda por daños y perjuicios impulsada por el intendente de Huillapima contra el productor Pedro Martínez, quien había denunciado irregularidades en el destino de fondos públicos. El fallo volvió a poner en discusión la falta de ejecución de obras en el lugar.
La Justicia resolvió desestimar una demanda por daños y perjuicios presentada por el intendente de Huillapima, Omar Soria, contra el productor de Nueva Coneta, Pedro Martínez, en el marco de un conflicto originado por denuncias sobre el destino de fondos públicos destinados a obras en colonias agroganaderas del departamento Capayán.
El caso se remonta a 2022, cuando el jefe comunal inició una acción judicial luego de que Martínez cuestionara públicamente la ejecución de proyectos financiados con recursos nacionales. La demanda reclamaba una compensación económica y se basaba en supuestas expresiones agraviantes. Sin embargo, el fallo judicial consideró que no se acreditaron elementos suficientes para sostener la acusación, al señalar la ausencia de pruebas sobre la realización de las obras cuestionadas.
Durante una entrevista con Radio El Esquiú 95.3, en el programa La Mañana de El Esquiú, Martínez sostuvo que la sentencia no solo rechazó la demanda, sino que validó su planteo de fondo respecto de la falta de ejecución de obras previstas en la zona. Según explicó, los fondos habrían sido destinados a proyectos como una cámara de desinfección y frío, un salón comunitario y mejoras en una posta sanitaria, sin que esas intervenciones se concretaran en su totalidad.
El productor afirmó que la controversia surgió tras reuniones vecinales en las que se reclamaron explicaciones al municipio por la falta de avances. En ese contexto, aseguró que el conflicto derivó en denuncias judiciales en su contra, que ahora quedaron sin sustento según la resolución.
El fallo, de acuerdo con lo expresado en la entrevista, también dejó en evidencia que el demandante no aportó pruebas técnicas ni inspecciones que acreditaran la ejecución de las obras. Este punto fue clave para la desestimación de la acción judicial.
Más allá del resultado judicial, Martínez insistió en que persisten reclamos sobre infraestructura no ejecutada en las colonias productivas, situación que —según afirmó— impacta en la actividad agrícola local y en el acceso a servicios básicos en la zona.
