Investigación abierta por la adquisición de «Casa Santa Rita»
El cuerpo legislativo votó por mayoría calificada acusar al jefe comunal, por la compra irregular del inmueble.
El Concejo Deliberante de Pomán aprobó el día de ayer la Resolución N° 014/2026, mediante la cual decidió avanzar con una denuncia penal contra el intendente Francisco Gordillo (FT) y otros funcionarios del Ejecutivo municipal, en el marco de la investigación abierta por la adquisición directa del inmueble conocido como «Casa Santa Rita».
La resolución faculta al presidente del Concejo, Walter Centeno, a radicar de manera inmediata una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción en turno contra Gordillo, el secretario de Despacho que firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) cuestionado, y el director de Tesorería General, Diego Maciel Quinteros. La acusación se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Además de impulsar la denuncia penal, el cuerpo legislativo resolvió rechazar formalmente la documentación presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal respecto de la operación inmobiliaria, declarar la ineficacia jurídica del decreto rectificatorio emitido con posterioridad y dar por agotada la vía administrativa interna. Asimismo, dispuso remitir copia certificada de todas las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia, con el objetivo de solicitar una auditoría integral extraordinaria sobre la Tesorería de la Municipalidad de Pomán.
El caso pasará ahora al ámbito judicial y a los organismos de control provinciales, que deberán analizar las actuaciones elevadas por el Concejo.
El origen del escándalo
El conflicto se originó en la compra del inmueble «Casa Santa Rita», concretada mediante un DNU y valuada en alrededor de 40.000 dólares estadounidenses abonados en 59,2 millones de pesos en efectivo, sin que la operación fuera sometida al tratamiento legislativo del Concejo, pese a que la normativa municipal establece que ese cuerpo debe autorizar la adquisición de bienes inmuebles. El Concejo tomó conocimiento de la compra dos años después de que se hubiera concretado.
Los ediles sostienen, además, que existen contradicciones entre la información suministrada por el Ejecutivo y los datos contenidos en la escritura pública de compraventa. En particular, señalan que la cesión de derechos vinculada a la operación se firmó cuando el Concejo ya se encontraba en período ordinario de sesiones, lo que invalida el argumento de urgencia invocado para justificar el DNU.
Ante los requerimientos del cuerpo legislativo, Gordillo fue convocado al recinto para responder un cuestionario elaborado por los concejales. Sin embargo, la sesión derivó en un episodio de alta tensión institucional: el intendente rechazó el formato de debate, se negó a responder preguntas y sostuvo que la ley no lo obliga a comparecer ante el cuerpo legislativo. «La ley no establece que el intendente tenga que venir a responder acá», afirmó. Luego, antes de retirarse abruptamente del recinto, increpó al presidente del Concejo, Walter Centeno, lo llamó «traidor» y le advirtió que «el pueblo le va a hacer pagar lo que hizo». También anunció que no volvería al Concejo salvo para el informe anual obligatorio.
Las voces del Concejo
La concejal Maricel Quintero fue una de las voces más contundentes en describir la conducta del intendente. Para Quintero, lo ocurrido en la sesión fue la expresión de un estilo de gestión sostenido sobre la intimidación. «El intendente estaba acostumbrado a que el Concejo fuera una escribanía donde nadie lo controlaba», señaló.
Por su parte, Walter Centeno respondió con igual dureza. En un comunicado público, calificó al intendente de «déspota» y rechazó la acusación de traición. «Al exigirme sumisión y tratarme de ‘traidor’, demostró una actitud que deja la clara percepción de que no tiene las manos limpias».
