Por la redacción
El drama de los endeudamientos impagables a nivel familiar está generando un fenómeno impensado en otras épocas, marcado por la alarmante cantidad de personas que hoy recurren a los juzgados de Concursos y Quiebras porque ya no pueden hacer frente a sus gastos.
Los números anticipan un nuevo récord anual y revelan una realidad ineludible: el 98% de las quiebras hoy corresponde a personas físicas. Las quiebras dejaron de ser una postal exclusiva de empresas en crisis; ahora representan el colapso financiero de los hogares.
La nueva fisonomía del concurso preventivo
Quienes llegan hoy a los tribunales buscando una salida desesperada a la insolvencia son, principalmente, trabajadores asalariados: docentes, policías, empleados judiciales y trabajadores de distintos organismos públicos cuyos salarios quedaron atrapados en una espiral destructiva.
La velocidad del fenómeno es alarmante. En los cinco primeros meses de este año ya se iniciaron tantos expedientes por este motivo como en todo el año pasado. Este crecimiento exponencial no está asociado a una crisis empresarial, sino al deterioro directo de las economías familiares y a las dificultades crecientes para sostener el pago de las deudas.
La radiografía del colapso
Según datos expuestos ante la Federación Argentina de la Magistratura por la jueza de la materia, el 90% de los expedientes repiten el mismo patrón:
Consumos financiados mediante tarjetas de crédito que se vuelven difíciles de afrontar.
Préstamos personales para cancelar saldos de las tarjetas.
Nuevos créditos destinados a pagar los préstamos anteriores.
Esta cadena de endeudamiento crece hasta absorber una parte sustancial del ingreso mensual. La trampa radica en que muchos de esos descuentos no provienen de embargos judiciales, sino de autorizaciones de cobro directo firmadas por los propios trabajadores. ¿El resultado? Empleados que terminan cobrando apenas una porción de su sueldo y otros que perciben ingresos de miseria porque la mayor parte de su salario desaparece antes de llegar a sus manos. Mes a mes, quedan más sepultados.
Una ley pensada para empresas, usada por familias
La Ley Nacional de Concursos y Quiebras, sancionada en 1995, fue diseñada originalmente para resolver situaciones de insolvencia empresarial y comercial. Tres décadas después, el contexto la ha reconvertido en la principal herramienta de auxilio para consumidores sobreendeudados.
Cuando una persona obtiene la declaración de quiebra, el juzgado ordena el cese inmediato de las retenciones sobre su salario. A partir de ese momento, los acreedores deben presentarse en el expediente para verificar sus créditos y dejan de cobrar directamente de los haberes del deudor. Si bien no es una solución definitiva, la medida genera un alivio indispensable a corto plazo.
| Datos clave de la crisis financiera familiar | |
| Perfil del deudor | Consumidores de buena fe (asalariados públicos y privados) |
| Origen de la deuda | Supermercado, alimentos, medicamentos y servicios básicos |
| Mora tardía nacional | 5,3 millones de personas con incumplimientos de +90 días (BCRA) |
Conclusión: El verdadero costo del ajuste
Los expedientes judiciales no mienten y destruyen cualquier relato de opulencia: las deudas de estas familias, lejos de responder a consumos de lujo o gastos extraordinarios, nacen de las compras en el supermercado, alimentos, medicamentos y servicios corrientes del hogar.
La información de la Central de Deudores del Banco Central es el reflejo macroeconómico de esta tragedia silenciosa: la mora tardía alcanzó a más de 5 millones de argentinos con dificultades severas para cumplir con sus compromisos financieros. Una realidad matemática que demuestra que, a diferencia de lo prometido por el discurso oficial de Javier Milei, no es precisamente “la casta” la que está pagando el costo del ajuste.
