LA TRAMPA PIRAMIDAL
El juez federal Miguel Ángel Contreras ordenó una serie de medidas para rastrear el dinero. Allanaron a Blas, Sarroca y Olmi.
“La convicción de esta empresa, a la cual yo dirijo, siempre tuvo un solo fin que fue mejorar la condición de la calidad de vida de las personas” declaró Edgar Adhemar Bacchiani el 2 de mayo de 2022, diez días después de que fuera detenido al igual que sus laderos José Armando Blas y Franco Alexis Sarroca. Los tres –junto a Sofía Piña y Zaraive Celeste Garcé Rusa– eran los principales apuntados por los centenares de ahorristas que noche tras noche hacían reclamos y escraches, en los que exigían la devolución del capital invertido. Bacchiani se ocupó en cada indagatoria –pidió declarar en seis ocasiones– de lanzar un mensaje esperanzador a los damnificados ya que sostenía que tenía los fondos pero exigía como condición que se le otorgue la prisión domiciliaria. Esto sucedió pero nunca dio garantías de que contaba con el dinero. Desde su detención pasaron más de ocho meses y la incógnita sobre el destino de los millones de dólares aún persiste.
El 8 de julio –al filo de la feria judicial–, el juez federal Miguel Ángel Contreras dictó el procesamiento para Bacchiani, Blas, Sarroca, Garcé Rusa, el contador Iván Segovia y la gerenta de la sucursal Tucumán, Sofía Aylan, viuda de Fabricio Dovgaluk, primer socio de Bacchiani.
Esa resolución tuvo dos puntos salientes: Contreras decidía descartar la investigación por lavado de activos y declinaba la competencia por las estafas y la asociación ilícita, ya que sostenía que la Justicia Provincial tenía que abocarse a la pesquisa. La cúpula de Adhemar Capital quedaría solamente procesada por “intermediación financiera no autorizada”, un delito que el Código Penal prevé una sanción que va de los 2 a los 4 años de prisión.
La resolución fue rápidamente apelada por todas las partes: las defensas, los querellantes y, principalmente, la Fiscalía Federal. En ese plano, el fiscal general, Rafael Vehils Ruiz, cuestionó la decisión de descartar el lavado de activos y la calificó de “apresurada, arbitraria y errada”. Tiempo después, la Cámara Federal de Apelaciones –con sede en Tucumán– le daría la razón. El Tribunal de Alzada a fines de diciembre se expidió, revocó la declinación de competencia y ordenó que se profundice la investigación por el lavado de activos. Aconsejaba que convoque nuevamente a la PROCELAC y a la UIF para que colaboren en la investigación para conocer la ruta del dinero.
Antes de que la Cámara resolviera, el Juzgado Federal había retomado la totalidad del expediente y en ese sentido se ordenó una serie de medidas para tratar de rastrear el botín.
Una de ellas fue el pedido a la Justicia Federal de Tucumán para que deposite casi cien mil dólares que en febrero habían sido secuestrados a empleados de Pablo Olmi (ver recuadro). También se concretaron allanamientos en los domicilios de Sarroca, Blas y Olmi, quien a través de su cuenta de Facebook manifestó que el dinero incautado -un millón y medio de pesos– era producto de las ventas de su comercio dedicado a la venta de pirotecnia. De los domicilios de Blas y Sarroca también se habría secuestrado dinero y otros elementos cuyos montos no salieron a la luz.
Por su parte, Contreras ordenó a una veintena de entidades bancarias, financieras y aseguradoras de Argentina y Uruguay que informen sobre los movimientos realizados por Bacchiani, la empresa y Garcés Rusa.
Fracasos
El 26 de mayo de 2022, Bacchiani declaró por tercera vez en la causa y “aportó” un dato que fue esperanzador para los ahorristas. Le dijo al juez Miguel Ángel Contreras, que tenía 50 millones de dólares para afrontar los compromisos. Fue luego de que se le concediera la prisión domiciliaria para que demuestre que contaba con los fondos pero eso no sucedió porque Binance había bloqueado las cuentas, por lo que Bacchiani regresó al penal.
En agosto hubo un segundo intento. En este caso el escenario fue la Policía Federal, en donde una vez más Bacchiani se burló de la Justicia: mostró una captura de pantalla en la que exhibía contar con más de 58 millones de USDT. Sin embargo, esto fue refutado por los peritos de Gendarmería, quienes señalaron que no se podía determinar la titularidad de la cuenta, el origen de los fondos, confirmar la disponibilidad de dicho capital ni tampoco verificar los movimientos.
Los dólares incautados en Huacra
Diez meses después de que en un control caminero fueran secuestrados casi cien mil dólares que tendrían vinculación a la empresa Adhemar Capital, el juez federal Miguel Ángel Contreras solicitó a la justicia tucumana que efectúe el depósito del dinero incautado en la localidad tucumana de Huacra. Semanas antes había prestado declaración como testigo el conductor del automóvil.
El procedimiento en cuestión fue el 2 de febrero de 2022. La policía tucumana demoró a cuatro personas que se conducían en un vehículo en el que llevaban 97.750 dólares. El conductor del vehículo Ford Mondeo manifestó a los policías que trabajaba para Pablo Olmi, en el negocio «Fuegolandia» y que éste le había pedido que retirara ese dinero de una financiera en la capital tucumana. Olmi había sido denunciado como «pocero» de Adhemar Capital y posteriormente fue imputado. En julio se le dictó la falta de mérito.
