Ambas partes desistieron de los reclamos judiciales
La Provincia resignó el cobro de una multa y recuperó el anticipo financiero. MEGA aceptó la rescisión del contrato.
Por Ezequiel Soria
Luego de más de dos años de una disputa legal y administrativa, el Gobierno de la Provincia y la empresa salteña MEGA SRL lograron un acuerdo conciliatorio por la rescisión del contrato de obra del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, cuyas tareas se iniciaron en septiembre de 2022 y debieron concluir en dos años. La Provincia resignó el cobro de una multa de casi $2.000 millones y recuperó parte del anticipo financiero que había pagado, al tiempo que la empresa dio por concluidos los reclamos que había presentado en la Corte de Justicia. El acuerdo se firmó el 12 de mayo y fue ratificado por decreto el 27 de mayo pasado.
El conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando el Gobierno multó a MEGA por $1.953 millones por una serie de irregularidades en el avance de la obra, que debía superar el 30% de avance pero que no había llegado ni siquiera al 5%. En mayo de 2024 el Gobierno finalmente confirmó la rescisión del contrato y rechazó todos los planteos administrativos de la empresa. MEGA, por su parte, presentó dos recursos contenciosos administrativos ante la Corte de Justicia en contra de la Provincia, que recién fueron habilitados en junio de 2025. La Provincia fue formalmente notificada en diciembre.
El pasado 12 de mayo los representantes legales de la empresa y el Gobierno de la Provincia llegaron al acuerdo conciliatorio.
Por un lado, MEGA renuncia a todo reclamo que se crea con derecho a formular vinculado con la obra y su ejecución, como ser el pago de los certificados adeudados, los pedidos de redeterminaciones pendientes, el saldo del adelanto financiero, intereses, cualquier daño sufrido, gasto improductivo, lucro cesante, etc. Además, desiste de la acción y del derecho de cualquier denuncia o causa iniciada en conexión esto.
En lugar de pagar la multa, MEGA deberá pagar $301.267.618,35 dentro de los 120 días de ratificado el acuerdo. La cifra representa la porción del anticipo financiero que había sido pagada por la Provincia ($376.869.532,77) menos los importes de certificados aprobados adeudados por la Provincia por la suma de $67.032.314,19, menos las retenciones para la constitución del fondo de reparos por la suma total de $8.569.600,23. Con esto, la empresa acepta la rescisión contractual que se había resuelto en 2024.
Una vez que MEGA cumpla con su parte, la Provincia renunciará «a todo reclamo que se crea con derecho a formular contra empresa» y renuncia al reclamo de los eventuales perjuicios. También se compromete a liberar y restituir la totalidad de las garantías comprometidas por MEGA, que fueron pólizas de seguro por un total de $922 millones y removerá a la firma de cualquier registro de incumplidores.
Por último, se precisó que el incumplimiento de MEGA en el pago en tiempo y forma de la obligación asumida «dará derecho a la Provincia a perseguir el pago de la multa impuesta, ejecutar las garantías y registrar a la empresa como incumplidora». La multa había sido de $1.963.132.239,74 por un largo listado de incumplimientos.
El Ancasti advirtió desde marzo de 2024 el proceso de la obra, que inicialmente debía implicar un beneficio para más de 120.000 catamarqueños. En su momento la empresa denunció una enumeración de causas «basadas en hechos falsos o parcializados», y aseguró que «no puede sostenerse que el avance de obra haya sido del 4,99% a julio de 2023».
Según consideraban, la empresa «cumplió de manera sistemática con todos los trabajos de campo previos y de ingeniería para el inicio efectivo de la obra», pero reclamó que «el sistema de medición generado por la Administración nunca sirvió para representar verdaderamente los trabajos realizados», es decir, reclamaron que a pesar de las sugerencias que la empresa destacó haber hecho y las habilitaciones gestionadas, esto no implicaba un porcentaje de avance en la obra en sí.
Cronología
Casi cuatro años sin la obra
Septiembre de 2022. Se firmó el inicio de obra. El Gobierno invertiría en total casi $6.400 millones entre la obra y los caños que ya había comprado. La empresa tardó 51 días en nombrar un representante técnico.
Junio de 2023. El Gobierno intimó a la empresa por las demoras. Ante la falta de respuestas, inició el proceso para multarla. Debía ir por el 30% de avance y no había llegado ni al 5%.
Octubre de 2023. El Gobierno impuso una multa por $1.963.132.239,74. MEGA apeló pero le rechazaron el recurso.
Marzo de 2024. El Ancasti informó sobre la multa y advirtió el estado de abandono de la obra. Un mes después, el Gobierno firmó el acta de recisión del contrato que se ratificó en mayo. MEGA presentó otro recurso de reconsideración.
Septiembre de 2024. El Gobierno rechazó el recurso de MEGA, dio por terminada la vía administrativa y habilitó la vía judicial. MEGA interpuso dos recursos contenciosos en la Corte de Justicia.
Junio de 2025. La Corte unificó los planteos de MEGA y les declaró la admisibilidad. La Provincia recién quedó notificada en diciembre.
Mayo de 2026. El Gobierno y MEGA firmaron el acuerdo conciliatorio. La Provincia recuperó el anticipo financiero y le devolvió a la empresa las garantías que había presentado. Con ello, se desestimaron las acciones judiciales.
