CRUCES
La mesa provincial de JPC consideró que el Gobierno convalidó a la empresa vinculada al trading. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, salió fuerte al cruce.
La incertidumbre generada en torno a la empresa Adhemar Capital estalló de lleno en el plano político. La mesa provincial de Juntos por el Cambio cuestionó duramente los vínculos del Gobierno de Catamarca con el titular de la firmal, y lo criticó por darle «homologación e implícita garantía de sostenibilidad», y aseguraron que el gobernador Raúl Jalil (FT) «deberá preservar el patrimonio de los miles de catamarqueños engañados». La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (FT), salió de inmediato al cruce y recordó que «algunos de sus integrantes se encargaron especialmente de promover las actividades pseudofinancieras que sospechosamente superaban toda racionalidad».
En un comunicado, la mesa de JPC expresó «una profunda preocupación por los catamarqueños que, al buscar resguardo para sus ahorros, recurrieron a servicios financieros homologados por el propio Gobierno (cuando los constituye en agente de retención de impuestos provinciales) y hoy viven momentos de incertidumbre ante la posible pérdida de su patrimonio».
En ese sentido, remarcaron que «estos acontecimientos están aún en pleno desarrollo», por lo que consideraron que «debe primar la mesura y responsabilidad de quienes somos representantes del pueblo para dar certeza y tranquilidad». «Pero debe quedar claro quién debe controlar y resguardar los intereses de la sociedad catamarqueña», cuestionaron.
«Es de público conocimiento que estos servicios financieros funcionan en un inmueble que es propiedad de la familia del gobernador. Más grave aún es que uno de los principales promotores de esa empresa de servicios financieros es el hermano del gobernador, dando implícitamente garantía de la sostenibilidad y capacidad de respuesta a los compromisos financieros que adquiría», dispararon en el comunicado, en el que no lo mencionan, pero hacen referencia a Adhemar Capital, la empresa de Edgar Adhemar Bacchiani, quien tiene procesos judiciales abiertos en Catamarca, Tucumán y Córdoba por presunta estafa, asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada.
«El ofrecimiento y posterior retiro del cuerpo de abogados del Estado para defender a los eventuales damnificados demuestra la confusión de roles del Gobierno de turno. Más aún, refleja la ausencia del poder público frente a un suceso que pone en riesgo el sustento de las familias catamarqueñas que confiaron y decidieron participar», remarcaron.
En ese marco, consideraron que el gobernador Jalil «deberá asumir la responsabilidad de preservar la paz social y el patrimonio de los miles de catamarqueños engañados con el único objetivo de lograr el enriquecimiento de la plana más alta de funcionarios provinciales, sus familias y amigos con total impunidad».
Al cruce
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, tildó de «tremendamente hipócrita y caradura» la expresión opositora. «Algunos de los conspicuos integrantes y adláteres de la mesa de JPC se encargaron especialmente de promover las actividades de pseudofinancieras que prometían a los ahorristas ganancias desmedidas, que sospechosamente superaban toda racionalidad. Ahora, cuando salen a la luz las características presuntamente defraudatorias, intentan tergiversar las responsabilidades y direccionarlas hacia el Gobierno de Catamarca. Habría que recordarles que fue el Gobierno Provincial el que, profundamente preocupado por las consecuencias perjudiciales que este tipo de operaciones podrían causar en la población de Catamarca, alertó al Banco Central pidiendo el contralor y la verificación de las actividades de tales empresas», disparó Guerrero.
«Estos dirigentes cambiemitas, otrora defensores del endeudamiento brutal al que nos sometió Mauricio Macri, y cuyos representantes en el Congreso Nacional se encargaron de votar en contra de un Presupuesto que otorgaba financiamiento a importantes obras para Catamarca, se embarcaron ahora en el juego del ‘Gran Bonete’, queriéndoles hacer creer a los catamarqueños que fueron otros los que hicieron lo que fue de su propia, exclusiva y torpe autoría», recriminó.
«Debieran pedirle cuentas a sus propios socios políticos, a quienes no hace falta nombrar, pero que todos sabemos quiénes son y qué es lo que dijeron públicamente. El sol no puede taparse con una mano, ni la verdad puede ocultarse con tanta mentira», enrostró la diputada, en clara alusión al excandidato a diputado provincial y presidente del Congreso de la CC-Ari, Mariano Manzi, y los diputados del PRO, Natalia Saseta y Diego Figueroa (mandato cumplido).
Flavio Fama se despegó del «Trader God»
El senador nacional Flavio Fama evitó entrar en detalles respecto de las versiones que indican que el trader Edgar Adhemar Bacchiani habría financiado su campaña en las elecciones legislativas de 2021.
«Quien quiera saber, puede consultar la rendición de cuentas en la Justicia Federal», señaló brevemente el senador en declaraciones a Pulso Legislativo.
En el comunicado de la Mesa Provincial de JPC no se hace referencia a este tema. Sin embargo, desde el viernes los usuarios catamarqueños de redes sociales reportaron publicidad sectorizada que vincula al «Trader God» con la oposición.
