Opinión
En una semana marcada por la búsqueda de oxígeno político, el Ejecutivo nacional selló acuerdos clave con mandatarios aliados para garantizar gobernabilidad. Sin embargo, el conflicto se desplazó hacia los municipios: los jefes comunales denuncian un «abandono» del Estado nacional y judicializan el reclamo por fondos.
En una hora compleja para la administración de Javier Milei, el Gobierno nacional optó por blindar su esquema de alianzas con las provincias. Bajo una estrategia de «paz y negocios», la Casa Rosada logró exhibir volumen político en un momento de fragilidad, aunque el frente interno comenzó a mostrar fisuras en una franja distinta de la pirámide de poder: la segunda línea.
El eje Rosada-Provincias: Rutas y reforma electoral
A diferencia de otras gestiones, la interlocución con los gobernadores no quedó esta vez en manos de la cartera política tradicional. Fue la propia Karina Milei quien asumió el rol de anfitriona para recibir a los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
El encuentro no fue solo gestual. Se tradujo en un decreto que habilita a nueve provincias (Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén) a concesionar rutas nacionales mediante el cobro de peajes. La medida busca un doble objetivo: responder al reclamo por el deterioro de la infraestructura vial y, fundamentalmente, desligar a la Nación del costo del mantenimiento, empoderando la caja y la gestión de los distritos.
El acuerdo también tiene una dimensión electoral de largo alcance. Con la mirada puesta en 2027, el pacto estipula una «no interferencia»: los gobernadores mantienen el control de sus pagos chicos y La Libertad Avanza (LLA) lidera la estrategia nacional. En este marco, el Gobierno presiona por una reforma electoral que elimine las PASO, una jugada que ya encuentra eco en distritos como Chaco, donde el gobernador Leandro Zdero ya envió el proyecto a la Legislatura con el fin de desarticular la capacidad de organización de un peronismo hoy disperso.
La rebelión de los intendentes
Mientras el diálogo con los gobernadores fluye bajo la lógica del pragmatismo, el malestar social encontró su cauce en los municipios. En una movida de alto impacto, intendentes de todo el país se movilizaron hacia el Ministerio de Economía. Liderados por la Federación Argentina de Municipios (FAM), con Fernando Espinoza a la cabeza y el respaldo político de Axel Kicillof y Ricardo Quintela, los jefes comunales reclamaron por la paralización de la obra pública y el recorte de fondos.
«Cada vez hay más demanda de comida, de remedios y de vacunas. Estamos viendo adultos mayores en situación de calle, realidades que no se veían hace tiempo», advirtieron desde el bloque de intendentes.
La protesta no se limitó al peronismo. Dirigentes radicales y vecinalistas de 18 provincias se sumaron al diagnóstico, denunciando un «deterioro social creciente». Ante la falta de respuestas, los municipios anunciaron que recurrirán a la Justicia para formalizar denuncias penales por la retención de fondos coparticipables y específicos.
Cortocircuitos locales: Entre la gestión y el «clic»
En el plano legislativo local, la tensión también se traduce en chicanas políticas. En la Capital, el concejal libertario Diego Figueroa generó polémica al acusar al municipio de «apropiarse» del programa nacional oftalmológico «Ver para ser libres».
Sin embargo, los datos de gestión contradicen la denuncia: la Capital sostiene desde 2020 el programa propio «Te Veo Bien», que ha entregado casi 10.000 anteojos de forma gratuita y sostenida, a diferencia de la naturaleza esporádica de los operativos nacionales. El cruce fue calificado por el oficialismo local como «poco serio» y una búsqueda de rédito en redes sociales por sobre la realidad estadística.
Efemérides: La polémica de la Policía Infantil
Hace exactamente una década, Catamarca se convertía en el centro de un debate nacional tras la creación de la «Policía Infantil». La convocatoria para niños de 6 a 14 años buscaba, según los fundamentos de aquel entonces, «elevar el espíritu patriótico y los valores».
Pese a que la inscripción fue masiva por parte de las familias, el repudio de organismos de derechos humanos y sectores políticos no tardó en llegar, calificando la iniciativa como un «reclutamiento precoz». Aquel experimento social terminó siendo desmantelado, al igual que en otras provincias, marcando un fin de época para este tipo de formaciones para-institucionales.
