POLÉMICA CON EL IPV
Reclaman la falta de comunicación de parte del organismo y el descuento indebido en los haberes de mayo por el aumento de la cuota.
El Dr. Diego Brizuela, abogado de los vecinos de Valle Chico, expresó ayer a la mañana ante los medios, la molestia de sus representados debido a los descuentos en sus haberes por el aumento de las cuotas previstas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Brizuela informó que esta semana llevaron a cabo dos nuevas presentaciones: una en la sede administrativa del IPV, solicitando una reconsideración con jerárquico en subsidio atacando la nueva resolución y, otra en el expediente judicial sumando nuevos hechos a la medida cautelar previamente presentada.
El abogado destacó dos cuestiones graves en la situación: «Por un lado la instrumentación, la comunicación y la ejecución de la resolución, están todas mal hechas.” Y agregó: “Por eso nosotros planteamos la nulidad de la resolución y la atacamos también en el expediente judicial”. Y por otro lado, explicó “lo excesivo de los aumentos, que van entre un 525% y un 800% por adjudicatario”.
En relación con los montos que deben pagar los vecinos, Brizuela mencionó que algunos deben abonar $65.000 y otros $85.000, según el contrato, generando una situación de «mucha angustia» en la comunidad. Aclaró que, si bien los aumentos son una decisión política, como patrocinantes no desean intervenir en ese ámbito.
Por último, el abogado señaló que el malestar de la gente va más allá de lo legal y se relaciona con las condiciones de las viviendas, el estado de las calles, la seguridad y el sistema de salud deficiente, entre otros aspectos.
Por su parte Sebastián Maldonado, representante de Vecinos Autoconvocados de Valle Chico, expresó que “presentamos un recurso de nulidad, como ya lo hemos hecho en la resolución anterior”. Además, sostuvo que pidieron una copia de la nueva resolución ministerial en reiteradas oportunidades, pero la documentación nunca les fue entregada, “ahora de un día para el otro apareció pegada en el vidrio de la ventana del IPV y a nosotros nunca nos notificaron”.
También denunció que desde el organismo les habrían comunicado que esa resolución rige a partir del primero de mayo, por lo que los descuentos se verían reflejados en los haberes de julio. Sin embargo, manifestó que a muchos de los vecinos les figura el descuento con los haberes percibidos este mes.
Los ciudadanos buscan que se suspenda la ejecución de esta medida por considerarla “un acto jurídico irregular de consecuente gravamen irreparable”.
Interior
Maldonado expresó que están en constante diálogo con los vecinos del interior que se encuentran atravesando la misma situación.
Como el caso del departamento Andalgalá, donde residentes salieron en la madrugada del lunes a quemar cubiertas y cortar la entrada en manifestación de los aumentos en las cuotas de las viviendas, “son empleados municipales, cobran 120 mil pesos y les llevan la cuota de la casa a 85 mil pesos” y enfatizó que esto significa “un brutal aumento a nuestros vecinos del interior”.
Promesas de subsidio
A principios de marzo, el gobernador Raúl Jalil dijo que analizaba poner en marcha un sistema similar al de la tarjeta SUBE para subsidiar a aquellos adjudicatarios de viviendas del IPV que no puedan afrontar el aumento de la cuota mensual. Para tal fin, iba a instruir al Ministerio de Urbanización y Vivienda para que realice un informe de quiénes son las personas que pueden pagar la cuota y quiénes no. Situación enmarcada frente a los reclamos de varios vecinos de Valle Chico ante el incremento de las cuotas de las viviendas que, según advirtieron, muchos no la podían pagar, además de que se incumplía con los contratos firmados.
“Le pedí al ministro (de Urbanización y Vivienda, Fidel Sáenz) que hagamos un estudio más profundo sobre la situación económica de quienes viven ahí”, dijo en su momento Jalil en diálogo con la prensa al ser consultado sobre el conflicto en Valle Chico. “Tenemos que subsidiar a la demanda como la SUBE, que no subsidia a todo el mundo, sino a los que no puedan pagar”.
En aquel entonces el gobernador indicó que el estudio serviría para determinar que “los que pueden pagar, abonen y los que no pueden, no paguen, siempre que la cuota no supere un 15 o un 20% del salario”.
