La parálisis de la presidenta de la Cámara de Diputados ante un secreto a voces: el fraude de los «ñoquis» y la complicidad estructural de la política.
El derrotero del caso protagonizado por el diputado Javier Galán coloca a la presidenta de la Cámara baja, Paola Fedeli, frente a un dilema ético y legal inmediato: debe decidir si despide a dos empleados del cuerpo que administra que han confesado, con total soltura en sede judicial, ser “ñoquis”.
Se trata de Daniela Solohaga e Iván Luna Avellaneda. La mujer denunció que Galán la forzó a tener relaciones sexuales para designarla en la planta provisoria de la Cámara, le exigía la mitad de su sueldo y la obligaba a trabajar en su negocio particular, el corralón “San Javier”. Días después, Luna Avellaneda —testigo de la causa— denunció presiones del diputado para cambiar su versión y confirmó el mismo modus operandi: transferencias forzadas de la mitad de su salario y tareas laborales en el comercio privado del legislador.
Autoincriminación y el silencio de la administración
Galán deberá responder eventualmente ante la Justicia por abuso sexual, exacciones ilegales y peculado de servicios. Sin embargo, Solohaga y Luna Avellaneda se autoincriminaron al denunciarlo: admitieron que jamás trabajaron en el organismo público que les paga, sino en el negocio de un particular.
Ante esto, el presidente del bloque del MID, Fernando Baigorrí, solicitó a Fedeli la baja y el reemplazo de ambos agentes sin ofrecer mayores explicaciones. Se desconoce si la presidenta de la Cámara se tomó la molestia de indagar si los eventuales reemplazantes cumplirán funciones en la Legislatura o si Galán simplemente necesita reponer mano de obra para el corralón.
Allá Galán y sus entuertos; el problema de fondo es Fedeli. Como administradora del patrimonio y presupuesto del cuerpo, ha apañado un esquema donde dos agentes cobraron fondos públicos sin contraprestación estatal. Fue, como mínimo, cómplice institucional de este hecho.
Un palacio sin espacio para tantos nombres
El escándalo abre una ventana a una pregunta inevitable: ¿cuántos casos como el de Galán se esconden en los pasillos de la Legislatura? La Cámara de Diputados presupuestó para este año 2.095 empleados y el Senado 959. Más de 3.000 agentes en total; una multitud que, físicamente, ni siquiera cabe en las instalaciones del Palacio Legislativo y sus anexos.
Como administradora de recursos malversados, la pasividad de Fedeli resulta alarmante. Debería ser la primera interesada en actuar con energía, ya que su autoridad está directamente afectada.
¿Cómo se explica que el bloque del MID le pida apartar a dos «ñoquis» flagrantes como si fuera un trámite de rutina? Aunque los empleados argumenten la falta de margen para desacatar las órdenes de Galán por temor a perder su ingreso, la estafa a la Cámara se sostiene desde diciembre. Es inverosímil que Baigorrí ignorara que dos empleados de su bancada, pagados por el Estado, atendían un corralón privado. Luna Avellaneda, cabe destacar, ostenta la categoría de asesor de bloque.
La coartada del mal común
El nudo del problema es que Galán y el MID esquivan las recriminaciones apelando a una máxima corporativa que parece incontestable en el ámbito político: todos los diputados, todos los bloques, hacen exactamente lo mismo.
Y todos lo hacen bajo la anuencia de la presidenta Fedeli, quien hoy enfrenta las esquirlas de tanta tolerancia. De no ser así, la máxima autoridad de la Cámara ya habría presentado una denuncia penal por el fraude perpetrado contra la institución.
Fedeli todavía está a tiempo. Cuenta en su escritorio con las notas de Baigorrí solicitando las bajas y los reemplazos. Documentos que, de comprobarse las acusaciones, constituyen prácticamente una confesión de parte de un sistema que utiliza el presupuesto público como caja de comercio particular.
