Corrupción en Discapacidad
El juez Sebastián Casanello procesó al extitular de la Andis durante el Gobierno de Javier Milei, por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles. También fueron procesadas otras 18 personas por integrar una presunta red de corrupción dentro del organismo.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue utilizada, según la Justicia, como un mecanismo de enriquecimiento ilegal. Esa es la conclusión central del fallo con el que el juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, primer director de la Andis durante el Gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su función pública.
En la resolución, Casanello sostuvo que Spagnuolo habría sido uno de los jefes de una asociación ilícita que se infiltró en la Agencia para desviar fondos públicos. Junto a él, el magistrado procesó como presuntos líderes de la organización a Daniel Garbellini, ex número dos del organismo; Miguel Ángel Calvete; y Pablo Atchabahian, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.
Según el fallo, Calvete y Atchabahian, ambos vinculados al sector de droguerías y con antecedentes en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar el funcionamiento de la Agencia desde fuera del Estado, en coordinación con las autoridades oficiales. En ese marco, la causa describe la existencia de licitaciones digitadas y sobreprecios.
En total, Casanello procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados de la Andis y privados que habrían intervenido con distintos roles en la estructura investigada. El juez afirmó que, durante los primeros meses del actual gobierno, se montó “un entramado de corrupción institucional” con operadores externos y funcionarios que actuaron de manera conjunta “en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
En uno de los tramos centrales del fallo, Casanello escribió: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
El magistrado también advirtió que la investigación podría no estar agotada. En el cierre de su resolución señaló que el esquema delictivo “pareciera tener márgenes aún difusos” y que existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios podría haberse extendido a otras áreas y actores, lo que abriría la puerta a “otro nivel de complicidades”.
La causa se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en publicaciones periodísticas. El caso tomó estado público luego de la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo menciona presuntos hechos de corrupción y alude a funcionarios del entorno presidencial. Sin embargo, esos audios no fueron utilizados como prueba ni por el fiscal Franco Picardi ni por el juez Casanello, y no son mencionados en el fallo.
Las defensas de los acusados sostienen que las grabaciones tienen un origen ilícito y solicitaron la nulidad de la causa. En paralelo a los procesamientos, Casanello rechazó esos planteos.
La investigación continúa en curso y, según el propio juez, podría avanzar sobre nuevos hechos y responsabilidades.
