El diputado opositor Javier Galán (MID) apeló a las redes sociales para responder públicamente al pedido de desafuero que activó el juez de Control de Garantías, Marcelo Sago, ante la Cámara baja a fin de habilitar una investigación penal preparatoria por los supuestos delitos de abuso sexual con acceso carnal, exacciones ilegales y peculado. El descargo, publicado en dos posteos en redes sociales, traza una suerte de relato político. La segunda de esas publicaciones es la más trascendente ya que sostiene que su “situación judicial ya no puede analizarse solamente como una sucesión de expedientes” y que “se está utilizando el escenario judicial para intentar sacarme de la cancha política”. Galán eligió acompañar esa publicación con una imagen en donde aparecen dos referentes del oficialismo y que sintetiza su tesis: “Usan la justicia para proscribirme porque no me ganan en las encuestas”.
El proceso para avanzar con un eventual desafuero, cabe aclarar, recién empieza. En Diputados primero debería tomar estado parlamentario para luego enviarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se analizará el pedido de Sago. Finalizado el análisis, la comisión emite un Despacho (que puede ser en mayoría o en minoría) recomendando habilitar o rechazar la quita del blindaje constitucional. En rigor, el pedido apunta a destrabar la investigación, no a inhabilitar a Galán ni a emitir un juicio sobre los hechos.
Retomando. La secuencia de los mensajes que publicó Galán no parece casual. El primero, titulado “No se puede hablar de justicia si no se respetan las garantías de todos”, es más prudente y técnico: cuenta que tomó conocimiento de la decisión “alrededor de las 14 horas”, se pregunta por qué “se impulsa un nuevo pedido de desafuero en este momento?” y qué “competencia conserva el juzgado para adoptar esta decisión?”. También menciona un recurso extraordinario federal en la Corte Suprema, cuyo estado procesal, según su defensa, debe ser respetado.
“No estoy pidiendo privilegios. No estoy pidiendo que nadie me considere por encima de la ley. Estoy reclamando exactamente lo contrario: que la ley se aplique de la misma manera para todos, también para quienes tenemos responsabilidades públicas y pensamos distinto”, escribió, y rechazó que se confunda su derecho de defensa con “una obstrucción a la Justicia”. Hay un detalle llamativo en esa publicación: le pone nombre y apellido a la mujer que lo denunció por abuso sexual, al referirse al pedido “en el marco de la causa iniciada por Daniela Solohaga”. Aparte, adelanta su lectura de los hechos y aclara que no iba a ocultarla: “Siento que mi actuación pública y mi crecimiento político se han convertido en un factor de tensión” dice para remarcar que no va a “reemplazar las pruebas por acusaciones ni los argumentos jurídicos por insultos”.
Recién en el segundo texto, publicado tres horas después del primero y ya con el terreno preparado, Galán eleva el tono y pregunta: “¿No pueden ganarme en la discusión de ideas? ¿No pueden enfrentarme políticamente? ¿Entonces la disputa termina trasladándose a los tribunales?” consulta para asegurar que su “preocupación aumenta” al observar que “las decisiones judiciales pueden terminar condicionando mi participación democrática”.
La imagen de ese segundo posteo es la pieza que más dice y, a la vez, la que el propio Galán esquiva ponerlo en palabras. Él aparece en primer plano y, detrás, frente a un edificio de aires romanos con el cartel Justicia, al gobernador Raúl Jalil y al intendente de la Capital, Gustavo Saadi. Abajo de ambos hay expedientes sellados con las palabras “desafuero”, “proscripción” y “causas” y, en una oración escrita toda en mayúsculas, se lee “usan la justicia para proscribirme porque no me ganan en las encuestas”. Ninguno de los dos oficialistas aparece mencionado en el mensaje y en el texto Galán habla de una forma de hacer política “donde el poder parece valer más que las instituciones”. También asegura que hay “conversaciones, acuerdos y relaciones de poder que deberían estar sometidos a la transparencia” y luego distingue que no puede afirmar “que existan instrucciones telefónicas o acuerdos clandestinos sin pruebas; pero sí voy a exigir que cada decisión judicial tenga fundamentos legales claros, públicos y verificables”.
“No entré en política para acomodarme. Entré porque creo que Catamarca necesita una transformación profunda. Y si mi crecimiento político genera resistencia, la respuesta tiene que ser más democracia, más transparencia y más participación ciudadana. No obstáculos que puedan limitar derechos”, escribió apuntando a encuadrar su situación como un problema democrático y no como un expediente penal. A la par, reclamó que sean “los catamarqueños en las urnas” quienes decidan quién debe gobernar y les dijo a quienes lo siguen en redes: “No necesito que crean ciegamente en mí. Necesito que exijan que se conozca la verdad, que se respeten las garantías y que nadie esté por encima de la ley”.
En la publicación, el opositor se cuida de otro flanco. Reconoce que una denuncia por abuso sexual “es un asunto de enorme gravedad y debe ser investigada con toda la seriedad que merece” y plantea que “las cuestiones de género no pueden utilizarse para desacreditar a las víctimas, pero tampoco pueden convertirse en una condena anticipada ni anular el derecho constitucional de defensa de una persona denunciada”. Su fórmula es que “la perspectiva de género y el debido proceso no son enemigos” y que “los dos deben respetarse”.
El expediente por abuso sexual nació en abril, con la denuncia de una empleada de la Legislatura, y desde entonces se sumaron otras dos por delitos contra la integridad sexual. Desde que se conoció la primera, Galán sostiene que “detrás de esto está la política”. Corre, en paralelo, la causa por peculado de servicios, iniciada por su exempleado Iván Luna Avellaneda, en la que Sago pidió el desafuero en julio y la Cámara de Apelaciones lo confirmó a mediados de septiembre, solo por ese delito.
