Cuestionamientos al reparto de la renta minera
Mientras escalaba la crisis por el comedor de la escuela de Antofagasta, la legisladora Eliana Soriano se abstuvo en la votación del acuerdo entre Catamarca y Salta.
El convenio entre Catamarca y Salta para que pueda comenzara a desarrollarse el proyecto minero “Diablillos-Plata” obtuvo sanción definitiva el jueves pasado en la Cámara de Senadores, pero en la sesión quedó al descubierto una inesperada fractura política dentro del oficialismo: la senadora por Antofagasta de la Sierra, Eliana Soriano, se abstuvo de votar y presentó un despacho en minoría con fuertes críticas al acuerdo interporvincial.
La postura de la legisladora sorprendió porque ni ella ni el intendente Mario Cusipuma habían manifestado públicamente cuestionamientos previos al acuerdo impulsado por el Gobierno provincial. El convenio ya había atravesado una ajustada aprobación en Diputados, donde consiguió media sanción por apenas un voto de diferencia, y el oficialismo esperaba una ratificación sin sobresaltos en la Cámara alta.
Sin embargo, durante la última sesión, Soriano tomó distancia de la posición oficial y fundamentó su abstención, en un discurso cargado de cuestionamientos políticos, institucionales y territoriales.
La decisión ocurrió además en medio del fuerte malestar social que atravesó Antofagasta de la Sierra en los últimos días, donde padres de alumnos de la Escuela N° 494 realizaron cortes sobre la Ruta Provincial 43 para reclamar por la falta de fondos destinados al comedor escolar.
Las familias denunciaban demoras en la remisión de partidas y montos insuficientes para garantizar desayuno, almuerzo y merienda a los estudiantes.
El conflicto escaló al punto de que los padres resolvieron no enviar a sus hijos a clases y rechazaron la participación del intendente Cusipuma y de la propia Soriano en las negociaciones.
Finalmente, la situación fue destrabada tras la intervención de la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, y del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, en una reunión que se realizó en la propia escuela y de la que no participaron ni Cusipuma ni Soriano.
Las objeciones de Soriano
En su exposición, la senadora sostuvo que el acuerdo con Salta consolida una situación de “indefinición territorial” que, según advirtió, podría perjudicar a Catamarca en futuros litigios sobre soberanía y explotación de recursos naturales.
Diablillos se encuentra en una zona limítrofe entre Catamarca y Salta que está en discusión desde la disoklución del territorio nacional de Los Andes en 1943. La cuestión debe ser resuelta por el Congreso.
Uno de los puntos centrales del planteo de Soriano fue el antecedente del proyecto de litio de Posco, en el Salar del Hombre Muerto. Soriano afirmó que, pese a operar sobre recursos vinculados históricamente a Catamarca, la empresa instaló su planta industrial y su centro operativo en Salta debido a una mayor “certeza institucional”.
“Salta actúa como si fuera la autoridad competente exclusiva y las empresas responden en consecuencia”, expresó durante la sesión.
La legisladora también cuestionó el esquema de distribución “50 y 50” acordado para regalías y tributos derivados de la explotación de Diablillos . Según argumentó, gran parte de los recursos involucrados se encuentran en territorios históricamente vinculados a Catamarca, por lo que consideró injusto repartir los beneficios en partes iguales.
Además, vinculó el debate minero con la situación social que atraviesa Antofagasta de la Sierra. En uno de los tramos más duros de su discurso, remarcó que “no puede aceptarse con naturalidad” que existan niños con dificultades alimentarias en escuelas de la Puna mientras desde el departamento se extraen minerales de valor geopolítico mundial.
Soriano aclaró que su postura no representa un rechazo a la minería ni a las inversiones privadas, sino un reclamo por “justicia territorial”, mayor representación política para Antofagasta y un esquema de desarrollo que transforme la explotación minera en obras, infraestructura, empleo local y mejoras concretas para las comunidades puneñas.
La senadora también insistió en que la delimitación territorial entre Catamarca y Salta debe resolverse mediante una ley del Congreso Nacional y no a través de convenios administrativos que, a su entender, terminan consolidando situaciones desfavorables para la provincia.
Pese a las críticas, el oficialismo logró aprobar el proyecto y defendió el acuerdo como una herramienta transitoria para garantizar inversiones y desarrollo económico en la región.
Desde ese sector sostuvieron que el convenio no implica resignar soberanía territorial y remarcaron que la discusión limítrofe continuará abierta hasta una definición del Congreso.
