Testimonios revelan extorsión laboral
El diputado del MID se enfrenta a un nuevo escenario tras las denuncias de abuso. Esta vez el foco se puso en el peculado de servicio que ejerció con sus empleados en el Corralón «San Javier».
El diputado provincial del MID, Javier Galán, enfrenta un escenario judicial que se agrava día tras día. A las denuncias por abuso sexual y violencia de género ya radicadas en la Justicia, se suma la sospecha de peculado de servicio, delito que habría cometido al obligar a trabajar en su negocio particular a empleados cuyos sueldos paga la Legislatura, sin que hasta el momento el diputado haya hecho aclaración alguna al respecto.
En la jornada de ayer, los informes elaborados por la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito del Poder Judicial describen un entramado de irregularidades que exceden lo personal y alcanzan lo administrativo.
Allí se detallan transferencias de dinero, exigencias económicas a empleados y situaciones de vulnerabilidad extrema para quienes dependían laboralmente de Galán.
La denunciante principal, Daniela Solohaga relató que era obligada a entregar parte de su salario bajo amenaza de perder el empleo, además de ser sometida a hostigamiento psicológico y sexual.
Los informes señalan que era enviada a realizar relevamientos sola en la vía pública, a su vez la joven militó para el diputado en instancias previas a su asunción, donde le había prometido un puesto en la Cámara de Diputados para luego de un tiempo ser designada en la empresa privada de Galán, el corralón “San Javier”. Por otro lado, la vulnerabilidad de la denunciante fue determinante para que los organismos judiciales calificaran el riesgo como “muy grave”.
El caso no se limita a una sola voz. Otros trabajadores del corralón “San Javier”, denunciaron haber sido obligados a entregar parte de sus sueldos y a cumplir jornadas laborales extenuantes.
Uno de ellos, Iván Ernesto Luna Avellaneda, declaró haber sido amenazado para no testificar a favor de la víctima. Tras la denuncia, también perdió su empleo.
Estos testimonios refuerzan la hipótesis de un esquema sistemático de explotación y desvío de recursos, que compromete directamente la función pública del diputado.
«Me dijo que yo tenía que negar a mi compañera, que tenía que decir que ella jamás trabajó en el Corralón, que yo jamás trabajé ahí, que nunca nos pidió dinero. Yo soy empleado de la Cámara de Diputados y parte de mi sueldo se lo entrego a Galán mediante transferencias a terceras personas, la mayoría de ellas mujeres de entre 12 y 30 años», remarcó el empleado.
«Me dijo que estaba metido en un problema y que si a él le pasaba algo, todos nos podíamos quedar sin trabajo», aseguró.
La Oficina de Asistencia a la Víctima recomendó tratamiento psicológico para la denunciante y derivó el caso al Punto Violeta.
Los abogados que la representan denunciaron actos de intimidación y vandalismo en sus domicilios, como la rotura de vidrios en la casa de una de ellas.
El informe concluye que existe un riesgo muy grave para la víctima, tanto por su situación económica como por la falta de contención emocional y el poder político que aún ostenta Galán.
Asimismo, el delito de peculado figura en el Artículo 261 del Código Penal y es penado con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua: “El funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Galán, por su parte, emplea sus redes para emitir distintos mensajes de la situación e insiste en su inocencia, asimismo denunció que está sufriendo una persecución política: «Piden mi apartamiento, pero cuántos acá deberían estar presos. Tengo fueros para que gente como yo no vaya presa por gente como ustedes», aseguró.
En sus declaraciones públicas acusa a los medios de construir un relato en su contra y asegura que no renunciará a su banca.
