Durante la segunda quincena de agosto y los primeros días de septiembre, una serie de conflictos coordinados dejó al descubierto la profunda crisis de financiamiento que atraviesa el PAMI, una bomba social a punto de estallar en todo el territorio nacional:
Interior del país: En Concordia (Entre Ríos), 15.000 afiliados perdieron la cobertura privada tras la ruptura del convenio con el principal sanatorio local. En la Patagonia, un paro de 24 horas afectó la atención programada de 300.000 jubilados.
Grandes centros urbanos: Clínicas y sanatorios del AMBA, Córdoba, Mendoza y San Juan suspendieron turnos, cirugías y prácticas diagnósticas durante 48 horas.
Tratamientos críticos: Centros de diálisis de todo el país advirtieron sobre el riesgo inminente de interrumpir terapias vitales por el desfase entre la inflación y los aranceles vigentes.
El impacto en Catamarca
En la provincia, la crisis adoptó una dinámica silenciosa pero corrosiva:
Medicamentos: El Colegio de Farmacéuticos advierte sobre el desabastecimiento de medicamentos con cobertura total debido a los atrasos en las liquidaciones, forzando a los jubilados a afrontar pagos de bolsillo.
Atención médica: Los honorarios y cápitas desfasados provocan demoras prolongadas para conseguir turnos con médicos de cabecera y especialistas.
Infraestructura y prestaciones: Clínicas y sanatorios exigen la actualización urgente en los módulos de internación y la entrega de insumos de alta complejidad, como prótesis y marcapasos.
Un estrangulamiento estructural y político
La obra social padece una brecha entre la caída de la masa contributiva —derivada de la informalidad laboral— y el envejecimiento poblacional que demanda mayor cobertura sanitaria.
A este déficit estructural se le suma la política del Gobierno nacional. Al contener las transferencias para sostener el superávit fiscal, el Tesoro fuerza al PAMI a postergar pagos y acumular deuda. Esta presión se agravó con la eliminación del Impuesto PAIS en el Presupuesto 2025, un tributo que contribuía a financiar la seguridad social y cuya quita no vino acompañada por una partida sustitutiva.
El equilibrio fiscal no puede construirse trasladando el ajuste a casi seis millones de jubilados. La ley que regula al PAMI establece la intangibilidad de sus recursos sanitarios: un mandato legal e ético que el Ejecutivo nacional debe respetar de manera prioritaria.
PAMI: La trampa del superávit a costa de la salud de los jubilados
Durante la segunda quincena de agosto y los primeros días de septiembre, una serie de conflictos coordinados dejó al descubierto la profunda crisis de financiamiento que atraviesa el PAMI, una bomba social a punto de estallar en todo el territorio nacional:
Interior del país: En Concordia (Entre Ríos), 15.000 afiliados perdieron la cobertura privada tras la ruptura del convenio con el principal sanatorio local. En la Patagonia, un paro de 24 horas afectó la atención programada de 300.000 jubilados.
Grandes centros urbanos: Clínicas y sanatorios del AMBA, Córdoba, Mendoza y San Juan suspendieron turnos, cirugías y prácticas diagnósticas durante 48 horas.
Tratamientos críticos: Centros de diálisis de todo el país advirtieron sobre el riesgo inminente de interrumpir terapias vitales por el desfase entre la inflación y los aranceles vigentes.
El impacto en Catamarca
En la provincia, la crisis adoptó una dinámica silenciosa pero corrosiva:
Medicamentos: El Colegio de Farmacéuticos advierte sobre el desabastecimiento de medicamentos con cobertura total debido a los atrasos en las liquidaciones, forzando a los jubilados a afrontar pagos de bolsillo.
Atención médica: Los honorarios y cápitas desfasados provocan demoras prolongadas para conseguir turnos con médicos de cabecera y especialistas.
Infraestructura y prestaciones: Clínicas y sanatorios exigen la actualización urgente en los módulos de internación y la entrega de insumos de alta complejidad, como prótesis y marcapasos.
Un estrangulamiento estructural y político
La obra social padece una brecha entre la caída de la masa contributiva —derivada de la informalidad laboral— y el envejecimiento poblacional que demanda mayor cobertura sanitaria.
A este déficit estructural se le suma la política del Gobierno nacional. Al contener las transferencias para sostener el superávit fiscal, el Tesoro fuerza al PAMI a postergar pagos y acumular deuda. Esta presión se agravó con la eliminación del Impuesto PAIS en el Presupuesto 2025, un tributo que contribuía a financiar la seguridad social y cuya quita no vino acompañada por una partida sustitutiva.
El equilibrio fiscal no puede construirse trasladando el ajuste a casi seis millones de jubilados. La ley que regula al PAMI establece la intangibilidad de sus recursos sanitarios: un mandato legal e ético que el Ejecutivo nacional debe respetar de manera prioritaria.
