A setenta años de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad, responsabilizando de forma directa al Estado argentino por su planificación y ejecución.
La sentencia, dictada por la jueza federal Alicia Vence, nos enfrenta a un dilema clásico: la justicia que llega tarde, ¿sigue siendo justicia? En este caso, la respuesta trasciende lo temporal. Aunque el fallo llega décadas después, su impacto político y social es profundo, marcando un hito en la reconstrucción de la verdad histórica sobre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956. Aquella jornada, un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y ejecutado en los basurales de José León Suárez por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora; una masacre que el periodista Rodolfo Walsh inmortalizó y denunció en su obra fundamental, Operación Masacre.
La verdad probada: responsabilidad estatal y alevosía
El escenario de la lectura no fue menor: el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, a metros del lugar de los hechos. Allí se dio por probado el engranaje estatal del horror:
- El origen: Un allanamiento ilegal en Florida, ordenado por las máximas autoridades de facto, el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.
- El destino: Doce personas trasladadas a la comisaría de San Martín y, posteriormente, al descampado para su ejecución.
- El saldo: Cinco asesinados (Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión) y siete sobrevivientes, entre ellos Juan Carlos Livraga, cuyo testimonio desde el exterior fue clave para el juicio.
La magistrada calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Si bien el paso del tiempo otorgó a los perpetradores una «impunidad biológica» —ya que todos han fallecido—, el fallo dejó sentado que les habría correspondido la pena de prisión perpetua.
El contexto de la represión
Los fusilamientos no fueron un hecho aislado, sino parte de la matriz represiva desplegada tras el levantamiento de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. La violencia de Estado dejó un saldo de al menos 31 militantes asesinados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, consolidando una metodología que anticiparía los años más oscuros del país.
Reparación y legado pedagógico
Más allá de la declaración de culpabilidad, el valor de este fallo radica en sus medidas reparatorias orientadas a consolidar la memoria colectiva:
| Tipo de Medida | Acciones Dispuestas por la Justicia |
| Institucional | Publicación de la sentencia en los boletines oficiales de la Nación y de la Provincia. |
| Educativa | Incorporación obligatoria de los hechos en los contenidos curriculares nacionales y bonaerenses. |
| Simbólica | Rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas e instalación de placas conmemorativas. |
| Espacial | Creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez. |
Este fallo no repara el tiempo perdido ni devuelve las vidas truncadas, pero opera como un acto de docencia republicana. Para los familiares y para la sociedad en su conjunto, la resolución reafirma que el paso de los años no prescribe la verdad, y que la memoria y la justicia siguen siendo los pilares innegociables de nuestra democracia.
