OPINIÓN
No pasó inadvertida para ningún analista la alusión que hizo el papa León XIV, en su primer discurso oficial en la Argentina, al «uso cuidadoso de las palabras» como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia. Lo dijo el domingo, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, a pocos metros de donde estaba sentado el presidente Javier Milei. El pontífice no nombró a nadie en particular, pero la interpretación fue casi unánime: la frase estaba dirigida, en primer lugar, al jefe de Estado. La prensa internacional la leyó de ese modo, y algunos medios la destacaron como uno de los pasajes centrales de la alocución.
Sin duda, el mensaje de León XIV constituyó una crítica al estilo comunicativo del Presidente, habitualmente confrontativo y agraviante hacia sus opositores y también el de muchos de sus seguidores, incluidos algunos funcionarios. Sería un error, sin embargo, reducirlo a un llamado de atención dirigido a una sola persona. La exhortación a moderar el lenguaje alcanza a toda la dirigencia política, a la que el Papa convocó además a tener «disposición para escuchar».
En esa línea, el pontífice reflexionó que la democracia se consolida buscando acuerdos y reconociendo que quien piensa diferente es un compatriota y no un enemigo. Recordó también que quienes ejercen la función pública deben actuar con prudencia y «reconocer los límites del poder que les ha sido confiado».
El uso sistemático del insulto como categoría política no es solo una mera incorrección formal. Es también una estrategia de amedrentamiento del adversario.
En la política argentina abundan desde hace mucho tiempo los ejemplos de expresiones agraviantes y descalificadoras hacia los adversarios. Ningún signo ideológico ha estado exento de ese vicio. Pero tal vez en la época actual, como nunca antes, se ha naturalizado el uso del insulto más soez. El agravio desde la cúpula del poder era, en otro tiempo, una excepción lamentable, pero se ha convertido en un modo habitual de comunicar, celebrado por quienes lo practican como una supuesta muestra de autenticidad.
El pedido del Papa es atinado porque las palabras nunca son inocuas. Cuando se pronuncian desde el poder, con agresividad y desprecio, pueden convertirse en instrumentos de humillación y de violencia simbólica. Un presidente no habla como un ciudadano cualquiera porque su voz marca el tono de la conversación pública, legitima conductas y termina inevitablemente habilitando a otros a replicarlas. Lo que se dice desde lo alto de la pirámide institucional se multiplica, con mayor crudeza aún, en las redes sociales y en el debate cotidiano.
El insulto en política envilece y degrada el debate público, además de deteriorar la convivencia democrática, fundamentalmente porque el agravio reemplaza a los argumentos. En vez de discutir, quien descalifica clausura la discusión.
Por eso, el uso sistemático del insulto como categoría política no es solo una mera incorrección formal. Es también una estrategia de amedrentamiento del adversario, o incluso de la sociedad toda. Quien sabe que será objeto de burla, de escarnio o de estigmatización puede optar por callar para no exponerse. Entonces, el daño pasa a ser institucional, porque se resiente la libertad de expresión, la pluralidad y el pleno ejercicio de los derechos de participación.
Mientras el Papa permanece en la Argentina, se observa una moderación reconfortante en el uso de las palabras, tal como lo pidió la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Cabe celebrarlo. Pero la duda es qué ocurrirá cuando León XIV regrese al Vaticano. Resta saber si su mensaje habrá tenido algún impacto positivo y duradero, o si la moderación es apenas momentánea y, pasada la visita, el discurso público, el del Gobierno y el de otros actores políticos, retornará al cauce de agresividad y violencia que ha caracterizado en los últimos años a la política argentina.
