El Gobierno podría replantear su estrategia
Quedó demostrado que los acuerdos con gobernadores no aseguran éxito a la hora de votar.
El Gobierno nacional demora la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y revisa su estrategia de negociación con gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada sostienen que no retomarán el tratamiento hasta contar con los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales del presidente Javier Milei.
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran desde el Ejecutivo. La postura aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que esperaban obtener un dictamen y llevar el proyecto al recinto durante la última semana de octubre. Por ahora, las conversaciones no alcanzaron el consenso necesario para establecer un cronograma parlamentario.
La falta de avances persiste incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Según fuentes del Ejecutivo, no surgieron novedades que permitan anticipar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza en el Senado también reconocen que todavía deben continuar las negociaciones individuales con legisladores de espacios dialoguistas.
El principal obstáculo para el oficialismo está en la Cámara Alta, donde necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe conseguir otros 16 apoyos entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente.
En el Gobierno advierten que los acuerdos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias. Por eso, las conversaciones políticas deben complementarse con compromisos concretos de los legisladores.
En paralelo, la negociación electoral continúa abierta dentro del propio oficialismo. Mientras Diego Santilli y otros funcionarios buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, sectores vinculados con el armado de La Libertad Avanza consideran que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año.
La intención es conservar margen de negociación y evitar compromisos territoriales anticipados antes de tener un panorama más claro sobre la competencia electoral en cada distrito.
La discusión se concentra en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: suspender las PASO nacionales durante 2027 e incorporar una opción para votar la lista completa de una agrupación en la Boleta Única de Papel.
El proyecto original contemplaba eliminar definitivamente las primarias, pero las negociaciones actuales apuntan a suspenderlas durante el próximo año electoral. Esa alternativa permitiría evitar su realización en las elecciones presidenciales sin derogar de manera permanente el sistema.
El segundo cambio busca habilitar que los votantes puedan elegir, con una sola marca, todas las categorías correspondientes a una misma fuerza política. Esa posibilidad no estuvo incluida en el diseño de la Boleta Única de Papel utilizado en las elecciones nacionales de 2025.
En el oficialismo consideran que esta herramienta podría favorecer a las listas legislativas que acompañen la candidatura presidencial de Milei, aunque su impacto dependerá del comportamiento de los electores.
El debate también contempla un mecanismo de adhesión entre fuerzas nacionales y provinciales que permitiría construir acuerdos electorales diferentes según el distrito. De esa manera, La Libertad Avanza podría competir contra determinados gobernadores en el ámbito provincial y, al mismo tiempo, alcanzar entendimientos para respaldar una candidatura presidencial común.
La implementación de ese esquema dependerá de las modificaciones que finalmente apruebe el Congreso.
Negociaciones cruzadas
Uno de los principales problemas para el Ejecutivo es que las negociaciones electorales y los respaldos parlamentarios avanzan a ritmos diferentes.
Santilli mantiene conversaciones con gobernadores que se mostraron dispuestos a acompañar la suspensión de las primarias, pero en el Senado todavía faltan compromisos individuales.
Parte de los legisladores radicales, del PRO y de los espacios provinciales conserva posiciones propias y no necesariamente acompaña las decisiones de sus mandatarios.
La última votación frustrada en Diputados volvió a mostrar esas diferencias. El Gobierno consiguió impedir que la oposición reuniera quórum para tratar la derogación del DNU 70/2023, entre otros factores, por las ausencias de legisladores vinculados con gobernadores dialoguistas.
Sin embargo, ese resultado no garantiza el mismo nivel de apoyo para una reforma electoral que requiere una mayoría especial y modifica las condiciones de competencia para 2027.
Patear la pelota para adelante
La Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento de la reforma el 15 de septiembre, después de cuatro meses, pero el debate volvió a quedar sin dictamen. Para avanzar, el Ejecutivo deberá asegurar primero los votos en el Senado y luego completar el trámite legislativo en Diputados.
Ante este escenario, en el Gobierno consideran la posibilidad de prorrogar las sesiones ordinarias durante diciembre para disponer de más tiempo para negociar. La alternativa está relacionada, principalmente, con los plazos previstos para el tratamiento del Presupuesto, cuya votación en Diputados se proyectaba para mediados o la tercera semana de noviembre.
De esta manera, la reforma política permanece supeditada a la construcción de acuerdos parlamentarios. Mientras el oficialismo busca garantizar la suspensión de las PASO y modificar aspectos de la Boleta Única de Papel, la falta de consensos obliga a postergar el debate y mantener abiertas las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.
