Por la Redacción
La historia económica argentina reciente repite un libreto conocido, pero no por ello menos devastador: la desregulación absoluta de los servicios públicos bajo la premisa de una supuesta “sinceridad” de precios. Tanto el ciclo del macrismo como la actual experiencia libertaria han coincidido en un axioma político idéntico: retirar los subsidios estatales de forma abrupta y trasladar el costo total de la energía a las espaldas de los usuarios residenciales, los comercios de barrio y las pequeñas industrias. Detrás del relato técnico del “equilibrio fiscal” y las señales de mercado, se esconde una de las mayores transferencias forzosas de recursos desde los sectores medios y populares hacia los eslabones más concentrados del poder económico.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el “tarifazo” fue el núcleo de su programa de infraestructura. Se prometieron inversiones millonarias que garantizarían un servicio de estándar internacional. Sin embargo, el resultado real fue la dolarización de las tarifas y una ganancia extraordinaria para las empresas de generación, transporte y distribución eléctrica. Esas ganancias no se tradujeron en una mejora estructural del sistema, sino que se canalizaron masivamente hacia la fuga de capitales. El usuario pasó de recibir facturas pagables a destinar porciones asfixiantes de su salario para mantener encendida la luz o el gas, transformando un derecho básico en un bien de lujo.
El actual experimento libertario ha llevado esta lógica al extremo teórico y práctico. Bajo el dogma de que el Estado es una organización criminal y el mercado un asignador perfecto, se desmantelaron de forma acelerada las redes de contención social y los subsidios segmentados. Para la ortodoxia gobernante, la energía no es un insumo estratégico para el desarrollo nacional ni un componente esencial de la dignidad humana, sino una mercancía común y corriente. Al indexar las tarifas a la devaluación y la inflación, mientras los salarios reales se licúan de forma deliberada, el impacto social ha dejado de ser un efecto colateral para convertirse en el diseño mismo del plan.
Los beneficiarios de este modelo son siempre los mismos. Mientras las familias eligen qué comida recortar para pagar la boleta de luz y las pymes cierran sus puertas al volverse inviables operativamente, un puñado de corporaciones energéticas —muchas de ellas vinculadas históricamente a los propios funcionarios de turno— reportan balances con rentabilidades récord. Se consagra así un capitalismo de amigos donde el riesgo empresario se elimina por decreto estatal, garantizándole a los monopolios tarifas dolarizadas, mientras que a los ciudadanos se les exige competir en un mercado con ingresos de subsistencia y devaluados.
Trasladar el costo de la energía de forma brutal a los usuarios no es un acto de responsabilidad macroeconómica; es una decisión política que profundiza la desigualdad. La energía es la base sobre la cual se construye la soberanía industrial y el bienestar cotidiano de una nación. Al abandonar su rol regulador, el Estado argentino abdica también de su obligación de proteger a los más vulnerables, transformando los servicios públicos en herramientas de despojo financiero al servicio de los grupos más poderosos.
