Fuerte denuncia pública
El opositor también aseguró que hay policías de civil haciéndole “inteligencia”. Su abogado, Pedro Vélez, sostuvo que el pedido es nulo y que no puede ingresar mientras haya recursos pendientes.
El diputado opositor Javier Galán (MID) lanzó serias acusaciones contra sus pares en la Cámara baja durante una entrevista con El Esquiú Play, en la que estuvo acompañado por uno de sus abogados, Pedro Vélez. Para el caso, y sin precisarlo, el legislador aseguró que algunos de sus pares están “haciendo negocios personales” con el pedido de la Justicia de quitarle los fueros y habilitar una investigación tras la denuncia en su contra por el delito de abuso sexual.
En la entrevista, el diputado indicó que su intención es que sus votantes sepan cómo funciona la Cámara por dentro, y que en los pasillos “se negocian cuestiones personales”. “Quiero decirle al pueblo: acá hay diputados que están haciendo negocios personales para quitarle los fueros a otro diputado que se está defendiendo de una denuncia” dijo de forma autorreferencial y agregó que está defendiéndose “de una denuncia, tengo derecho a defenderme”.
Sobre ese orden de ideas, consideró que no hay mérito para que avance la quita del blindaje constitucional: “No lo amerita porque no hay prueba, porque es una denuncia y porque es un relato. En base a un relato, una sospecha, no le puedo pedir a alguien un desafuero”. El opositor también remarcó que no será: “Un diputado al que van a extorsionar por si me sacan o no el fuero, no me voy a quedar callado” e incluso sugirió que hay un interés político de parte del oficialismo con el desafuero.
Es que, desde su perspectiva, están: “Desesperados porque en las encuestas que ellos mismos pagan y hacen, estoy por arriba de ellos”. Para darle sustento a su visión, rescató que: “Se intentó hacer en algún momento reflotar lo de la diputada Natalia Saseta (PRO), porque queda muy evidente que vengan por mí sin resolver algo que lleva cuatro años”. Eso sí, aclaró que no estaba acusando a Saseta, sobre quien la Justicia pidió en 2021 el desafuero y reiteró el requerimiento en 2024, por una causa de exacciones ilegales.
En sus acusaciones, Galán también apuntó contra el juzgado de Control de Garantías a cargo de Marcelo Sago. Contó que: “Se han tomado decisiones de que haya policías de civil haciéndome inteligencia, con geolocalización, para saber dónde trabajo y cuál es mi sede partidaria”. Para el diputado, si bien “el juez dice que no se va a vulnerar mi derecho, que respeta mi inmunidad parlamentaria, por otro lado hay policías de civil viendo mis movimientos”. Según dijo, lo mencionó porque: “El juez puso policías de civil a investigar, siendo que el expediente no lo tiene él y está en otra instancia porque estoy defendiéndome, estoy usando los recursos que tengo para defenderme, y ha tomado decisiones”.
Por su parte, Vélez apeló a explicar su visión técnica legal del pedido de desafuero. El abogado contó que la solicitud judicial fue ordenada el viernes, que ese mismo día la apelaron y pidieron que se declare nulo. Su argumento central es que el juez se quedó sin tiempo: según explicó, la ley le da dos meses para reunir información y, si corresponde, pedir el desafuero, bajo pena de caducidad. Para el letrado, ese plazo venció y la propia Cámara de Apelaciones lo reconoció, aunque entendió que ese límite no se aplicaba en este caso.
Vélez y el otro asesor legal del diputado, Leonardo Berber, recurrieron a esa decisión pero la Corte de Justicia local rechazó el recurso por inadmisible. A fines de octubre, los defensores fueron a la Corte Suprema y como aún no lo trató, Vélez sostuvo que mientras esté pendiente, el trámite queda frenado. “El juez no podría haber dictado nunca ese pedido de desafuero”, afirmó. El profesional letrado señaló que hasta ahora el pedido no ingresó a Diputados y consideró que: “Si se sigue el mismo criterio que se vino siguiendo hasta ahora, no puede ingresar porque existen recursos pendientes”.
