Piden que Provincia las expulse
El diputado Francisco Monti presentó un proyecto para que el Gobierno provincial intime a las empresas a detener sus actividades en el sector norte del Salar del Hombre Muerto.
El diputado provincial Francisco Monti (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para que el Gobierno de Catamarca intervenga ante la presencia de empresas mineras que realizan tareas de prospección, exploración y explotación en el sector norte del Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Según denunció, las firmas cuentan con concesiones otorgadas por Salta, pero desarrollan actividades en territorio catamarqueño sin contar con títulos mineros ni declaraciones de impacto ambiental aprobadas por la Provincia.
La iniciativa solicita que el Ministerio de Minería identifique a las empresas involucradas, las intime a cesar sus actividades y disponga la paralización de los trabajos. Además, plantea que Fiscalía de Estado promueva acciones judiciales para lograr su expulsión del territorio provincial y reclame las regalías y los aportes que Catamarca habría dejado de percibir. El proyecto también contempla la intervención de la Policía para garantizar el cumplimiento de las medidas, incluso con el auxilio de la fuerza pública.
Como fundamento de su reclamo, Monti se refirió a dos normas nacionales que establecieron la delimitación entre Catamarca y Salta. Mencionó el decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 1904, que fijó la línea Cerro Ratones-Sierra de Archibarca-Volcán Azufre como límite entre Pastos Grandes y Antofagasta de la Sierra, y el decreto 9375 de 1943, que asignó la primera jurisdicción a Salta y la segunda a Catamarca.
«Todo lo que está al sur de esa línea es Catamarca. Salta recibió Pastos Grandes por el mismo decreto: no puede usarlo para lo que le conviene y desconocerlo para lo que no», sostuvo el legislador.
El diputado aseguró que el Gobierno provincial conoce la situación desde hace años y que organismos oficiales realizaron relevamientos en la zona, donde habrían constatado la presencia de empresas con permisos otorgados por Salta que desarrollaban actividades dentro de los límites que Catamarca reclama como propios.
«El Gobierno tiene pleno conocimiento de que esto es así, porque lo constataron sus propios organismos. Lo saben hace años y no intimaron, no clausuraron y no denunciaron. Están haciendo la vista gorda, y eso lo paga toda la provincia», cuestionó.
Monti también advirtió que las empresas no cumplirían con las normas ambientales catamarqueñas, no contratarían proveedores locales ni pagarían regalías a la Provincia. En ese sentido, insistió en que el Gobierno debe intervenir para impedir que continúen los trabajos.
«La Provincia tiene que intimar, clausurar, ir a la Justicia y, si hace falta, usar la fuerza pública para hacer respetar su territorio», afirmó.
«Le pedimos al Gobierno que actúe ya. Ese territorio es de Catamarca, y no se negocia», concluyó.
