A una comisión
La diputada de la oposición, Natalia Herrera, solicitó una reunión en la Comisión de Educación para conocer qué intervención tuvo cada organismo y si se cumplieron los protocolos.
Personas sentadas alrededor de una larga mesa de vidrio en una sala con el logo de la Cámara de Diputados.
La diputada de la oposición Natalia Herrera (Generar) solicitó por escrito a la Comisión de Educación de la Cámara Baja una reunión formal para que representantes del Ministerio de Educación y Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social y del Colegio Pía Didoménico informen sobre las actuaciones realizadas ante los hechos de hostigamiento y violencia entre adolescentes.
El pedido de la legisladora, que tiene como fecha el 23 del corriente, apunta a que cada institución explique cómo intervino y qué medidas adoptó. En la solicitud, Herrera pide que sean convocados la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, las autoridades de Educación Privada, Mediación Escolar y Coordinación Institucional que intervinieron en el caso, el titular de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, y la representante legal y la dirección del Nivel Secundario del colegio.
En el escrito, la diputada remarca que “la gravedad de lo sucedido exige conocer qué intervención tuvo cada institución, qué medidas se adoptaron y si se cumplieron los protocolos correspondientes”. A su vez, sostiene que la respuesta institucional “no puede limitarse a declaraciones generales: debe traducirse en acciones concretas, oportunas y verificables”.
Con esa frase, la legisladora sugiere una alusión al comunicado que difundió el Colegio tras la repercusión que alcanzó el caso, donde aseguró haber “actuado con responsabilidad y celeridad” desde que tomó conocimiento de los hechos.
El documento detalla qué quiere saber de cada organismo. Para el caso, a la cartera educativa le consulta si tomó conocimiento y qué actuaciones administrativas inició, si se activaron los protocolos vigentes para situaciones de violencia, acoso u hostigamiento entre estudiantes, qué medidas se dispusieron para proteger a los involucrados y evitar la revictimización, y si se evaluó el cumplimiento de las obligaciones por parte del establecimiento.
Esto se suma a las exigencias que el propio Ministerio de Educación le hizo al Colegio, al que le dio 24 horas para presentar un informe detallado y un plan de protección para los estudiantes. Respecto a la representación del Pía, Herrera les pide precisar cuándo tomaron conocimiento de los hechos, qué protocolos aplicaron, qué intervención tuvieron los equipos de orientación, qué comunicación mantuvieron con las familias y si dejaron registro de lo actuado.
En cuanto a Desarrollo Social, que hasta ahora no había aparecido en el caso, la legisladora quiere saber si intervino algún área especializada en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, qué medidas de asistencia y acompañamiento se adoptaron o se evaluaron como necesarias, y si hubo articulación con Educación y con el colegio.
La diputada solicitó además que las autoridades lleguen a la reunión en condiciones de responder preguntas adicionales y de aportar documentación respaldatoria, para que los integrantes de la Comisión puedan pedir aclaraciones y ampliaciones. Aclaró que el objetivo es lograr “un abordaje integral y transparente” con información suficiente para el control legislativo, preservando la identidad y la intimidad de los adolescentes involucrados.
Según indicó Herrera, la responsabilidad institucional “no termina con expresar preocupación frente a hechos de esta naturaleza”, sino que también implica procurar que los organismos expliquen cómo actuaron y qué medidas pueden adoptarse para prevenir que situaciones similares se repitan.
