Se conoció el contrato entre la Provincia y la Minera
La posibilidad de que Livent venda sus derechos sin la participación de la Provincia quedó establecida en la ampliación del contrato de 2017. Previamente, esta posibilidad no estaba.
En el marco de la polémica por la venta de parte de la litífera norteamericana Livent, de todos sus derechos en la puna catamarqueña al holding Rio Tinto en una operación multimillonaria, se conoció que efectivamente la Provincia no recibió ningún beneficio de esa transacción. Esto se debe a que clausuró esa posibilidad cuando se modificó el acuerdo que tenía con la minera.
El Ancasti accedió al contrato original de 1991 firmado entre la Dirección de Fabricaciones Militares (titular original de los derechos mineros), la Provincia (titular del dominio eminente) y FMC Corporation (luego Livent) para la explotación del proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto. En él, queda claro que para el traspaso de derechos por una de las partes debía haber una autorización previa de la otra. La posibilidad de que Livent venda su parte sin que la provincia participe en la operación fue incorporada en la ampliación del contrato de 2017. Seis años después, Livent (luego de fusionarse con Allkem para conformar Arcadium) vendió sus derechos en la provincia a Rio Tinto por 6.700 millones de dólares en efectivo, junto con las operaciones en Salta y Jujuy.
Toda la polémica por la posibilidad de la venta del yacimiento se circunscribe a la cláusula 24.1 del contrato original y su posterior ampliación. En este sentido, en el instrumento firmado en 1991, la cláusula 24.1 señala: “El presente contrato solo podrá ser cedido por cualquiera de las partes con la previa conformidad por escrito de la otra. Luego de la fecha de puesta en marcha, dicha conformidad no podrá ser denegada en forma irrazonable. No obstante, DGFM (Fabricaciones Militares) queda autorizada a ceder en cualquier momento el presente contrato a cualquier forma de asociación con terceros que pueda resultar el sucesor de DGFM como titular de los derechos y obligaciones bajo el presente, incluido los derechos mineros, como consecuencia de la ejecución por parte del Gobierno Argentino de su política de privatización. Sin embargo, DGFM no podrá ceder sus derechos a empresas existentes producto de litio. Sin autorización previa de FMC. En el caso que DGFM decidiera ceder sus derechos bajo este contrato, incluyendo sus derechos sobre las propiedades mineras, FMC tendrá prioridad frente a terceros, en igualdad de condiciones”.
Esta cláusula estuvo vigente por 26 años, hasta que en diciembre se le incorporó un nuevo párrafo que terminó provocando la salida de la Provincia en la toma de decisión para la venta de los derechos por parte de Livent. “Las partes acuerdan que FMC Corporation (Livent) y sus sucesoras podrán ceder, en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia, la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo y sus modificaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en los mercados de valores internacionales”, señala.
Al amparo de esta modificación, Livent se fusionó con Allkem (previamente Galaxy) en enero de este año para conformar Arcadium Litihum. Livent tenía el 44% del paquete accionario de esta nueva empresa, que comenzó a cotizar en Wall Street y diez meses después procedió a a una nueva transacción. En ella, el holding Rio Tinto la adquirió por 6.700 millones de dólares en efectivo, no solo sus operaciones en el Salar del Hombre Muerto catamarqueño, sino también las que tenía en Salta y Jujuy.
El diputado provincial y presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, ya había expuesto esta situación cuando El Ancasti planteó la duda sobre la participación de la Provincia en la venta, más teniendo en cuenta que Catamarca tiene acciones clase A, dos directores y un síndico en la compañía Minera del Altiplano. “En el contrato original de principios del ‘90 había un acuerdo tripartito: Fabricaciones Militares le cedía a Catamarca, Catamarca le cedía el usufructo a FMC, pero en ningún momento da la autorización de la venta”, dijo el diputado y expresidente del Colegio de Geólogos.
El diputado Mamerto Acuña también planteó que la modificación de 2017 fue perjudicial para Catamarca. En este sentido, Acuña afirmó que la Unión Cívica Radical alertó en su momento sobre los riesgos de modificar el acuerdo original, lo que dio lugar a una situación que permite a la empresa «vender libremente el patrimonio de todos los catamarqueños».
No obstante, el ministro Murúa afirmó que en realidad fue el contrato firmado en 1994 bajo el gobierno del Arnoldo Castillo, donde la Provincia, representada por el vicegobernador de entonces, aceptó la transferencia de los derechos mineros del Proyecto Fénix a Minera del Altiplano S.A. sin costo alguno. Según señaló el ministro, en ese mismo contrato se estableció que las regalías serían la única forma de participación provincial durante la etapa comercial del proyecto, algo que fue aprobado por la Ley Provincial Nº 4780. “Es importante señalar que las condiciones del contrato de 1994, acordadas por el gobierno del Frente Cívico y Social, definieron las limitaciones actuales sobre la participación de la Provincia”, subrayó Murúa.
