Editorial
Por una decisión política e ideológica, Argentina transita a contramano del mundo en materia de prevención de la violencia de género. En este sentido, el Gobierno nacional parece dispuesto a voltear las políticas para la protección de niñas, mujeres y diversidad. Sin embargo, esas decisiones que se toman a nivel global impactan localmente y sus consecuencias podrían ser trágicas a futuro.
El jueves Argentina se vio envuelta en una nueva polémica dentro de la Asamblea General de la ONU. Esta vez, nuestro país fue el único en oponerse a un documento en apoyo a la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
El escrito cuenta con las rúbricas de naciones tales como Alemania, Chile, España, Bolivia, Italia, Ucrania, Uruguay y Venezuela, entre otros. Todas y cada una de ellos se comprometen a “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual y por razón de género, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”. A diferencia de la Argentina, 170 países votaron en favor de la resolución -incluido Estados Unidos e Israel- y sólo 13 se abstuvieron.
Funcionarios de la delegación argentina fundamentaron su voto diciendo que el “documento partía de un enfoque feminista radical y tenía abordajes de la violencia que se fundaban en una visión que no tiene evidencia científica alguna, invocando que la violencia se origina sólo por desequilibrio de poder, estereotipando a la mujer y desconociendo que la violencia tiene mil orígenes”. Es claro que lo que le molesta al Gobierno es la postura feminista sin dimensionar el impacto que tienen estas decisiones, porque pretende borrar de la agenda la preocupación por el impacto de la violencia de género.
A miles de kilómetros de la reunión de la ONU, la directora del Hogar de Protección Integral Warmi, Paola Di Giacomo, expresaba en una entrevista radial que sólo en esa institución, sin contemplar otros organismos que tiene la provincia, este año se atendieron a 2.464 casos de mujeres que llegan a la institución para buscar protección. De ese total, un millar fue por oficios de la Justicia que recomienda el resguardo.
Solo en esa institución, unas 250 mujeres por mes llegan para buscar algún tipo de contención que es ambulatoria. Di Giacomo reconoció que hay un incremento de la cantidad de casos y hay meses en que se producen demandas importantes. También admitió que las mujeres tienen mayor conciencia de lo que significa la violencia y se animan a salir de un lugar en la que su vida o su bienestar están en riesgo.
Que las mujeres se animen a romper el círculo de la violencia se relaciona con el fortalecimiento de una política pública que iba más allá de la decisión de crear el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, el Gobierno no solo vota en contra en una reunión de la ONU y pretende ignorar la problemática, sino que desfinancia todos los mecanismos para la protección de mujeres y diversidad. Las consecuencias de andar a contramano por el mundo no tardarán en convertirse en una tragedia.
