SIGUE EL PROCESO EN SU CONTRA
El funcionario judicial se defendió de la acusación que surgió de una denuncia de la oposición. Según trascendió, sumó cuestionamientos a algunas formalidades de la presentación.
El fiscal de Instrucción Nº 2, Laureano Palacios, presentó ayer su descargo ante el Tribunal de Enjuiciamiento para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por el que se defiende de la acusación en su contra a partir de los supuestos errores en la investigación del asesinato del ministro Juan Carlos Rojas.
El escrito ingresó a la Corte de Justicia y corresponde ahora que se corra vista al fiscal del jury, es el actual fiscal general Alejandro Dalla Lasta.
La notificación del tribunal a Palacios se concretó hace algunos días. El fiscal cuestionado tenía 10 días hábiles para remitir su descargo al tribunal que lo debía enviar junto a toda la documentación que existe en el expediente al fiscal del jury. El suplente de Dalla Lasta es el fiscal Miguel Mauvecín. Quien actúe como fiscal deberá definir si acusa al funcionario apartado para que finalmente se inicie el juicio en su contra.
Según trascendió, en su defensa, Palacios cuestionó algunos incumplimientos formales en la acusación como la falta de algunas firmas y, por otra parte, que los legisladores constituyeron domicilio en la Legislatura. Sobre la cuestión medular de la acusación, reiteró los argumentos que planteó en diciembre del año pasado: señaló la labor deficiente de los peritos que actuaron en primera instancia y no le advirtieron que Rojas había sufrido una muerte violenta y señaló el exceso de rigorismo formal del juez de Garantías Lucas Vaccaroni, que ordenó liberar a Silvina Nieva, a quien Palacios había detenido, porque faltaban las firmas en la orden de detención.
Los diputados de la oposición acusaron a Palacios de “mal desempeño de sus funciones y falta grave o hechos que pudieran constituir delito en ocasión del ejercicio de sus funciones» y de «ignorancia inexcusable del derecho, reiteradamente demostrada en la actuación judicial». Sin embargo, la presentación opositora no es lo único a lo que debió responder el fiscal. Como se informó, existe también en su contra una investigación preliminar que abrió la propia Corte de Justicia. Este proceso interno se inició cuando e Vaccaroni, declaró la nulidad del decreto de detención de Silvina Nieva (la única imputada en la investigación por el crimen de Rojas) porque el instrumento no tenía las firmas de Palacios ni de su secretario, Guido Martín Santillán. Es decir que la investigación de la Corte es anterior a la denuncia opositora.
La última actividad del tribunal de enjuiciamiento en relación con la causa Palacios se concretó el 27 de diciembre del año pasado. En la oportunidad, consideró admisible la apertura de la causa contra el fiscal. Además, rechazó un escrito que había enviado Palacios defendiéndose de la denuncia de los diputados radicales. Para el Jury, la presentación del funcionario judicial era improcedente porque ni siquiera se había empezado a dar curso al expediente.
En el descargo que en aquel momento presentó, el fiscal defendía su trabajo al frente de la investigación por la muerte de Rojas. Además, cargó contra el cuerpo forense y contra el juez Vaccaroni.
Palacios había dicho que, conocida la muerte del ministro, ordenó la intervención de las Divisiones de Investigaciones en el marco de un trabajo coordinado bajo supervisión del fiscal general. Sin embargo, afirmó que «ninguna de las divisiones técnicas intervinientes detectaron en forma preliminar en la escena del crimen la existencia de indicios que hicieran conocer la causa del deceso. La segunda autopsia precisó con mayores detalles la causa de la muerte”.
Respecto al juez de Control de Garantías, para Palacios incurrió en “un claro excesivo rigor formal, declarando lo que comúnmente se conoce en doctrina y jurisprudencia la nulidad por la nulidad misma”.
Finalmente, se defendió de las acusaciones de “ignorancia inexcusable del derecho” por parte de la oposición, al recordar que el Senado de la provincia, antes de aprobar el acuerdo para su designación, ejerció el correspondiente contralor de idoneidad, además de que fue el Ejecutivo el que lo propuso.
“Nadie se hace responsable y muchos, los distraídos”
El bloque de diputados de la UCR mantuvo una reunión ayer para tratar temas de la agenda política y legislativa de cara al nuevo año parlamentario. Luego del encuentro, los legisladores emitieron un documento en el que expresan su preocupación por la «impunidad» en la investigación del crimen del exministro Juan Carlos Rojas.
“Se van a cumplir 3 meses del asesinato del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, exdiputado y titular del sindicato gastronómico, Juan Carlos Rojas. Desde el Bloque de Diputados de la UCR expresamos nuestra preocupación por la situación de impunidad que rodea la investigación de la causa”, señaló el bloque UCR que preside el diputado Luis Lobo Vergara.
“Mientras la familia clama y exige públicamente celeridad, el Gobierno provincial da la espalda a uno de sus más importantes funcionarios, quien se dedicó a trabajar, desde su humilde origen, a destajo por sus principios y le terminó costando la vida. Nadie se hace responsable y muchos, los distraídos”, indica.
“Catamarca, está nuevamente conmovida por un crimen político, pero, sobre todo, por el encubrimiento por omisión, judicial y policial que atraviesa una investigación que no muestra ningún tipo de avance. Al fiscal apartado y enjuiciado se deben sumar dos autopsias con resultados contradictorios, personal aparentemente separado de la causa, deficiente manejo de pruebas y evidencias, e incluso la negación de que algunos miembros de la familia se constituyan plenamente en querellantes. Sin embargo, el gran interrogante que se presenta es ¿por qué?”, señalaron posteriormente.
“El entramado de impunidad no vislumbra un horizonte de resolución, la causa se ensució desde el primer momento y los actores políticos a los que Rojas se vinculaba, que podrían dar respuestas o ayudar a construir hipótesis, miran para otro lado o peor aún, teniendo responsabilidades directas no dan la cara”, expresó el bloque en línea con las declaraciones que realizó a El Ancasti el abogado de la familia Iván Sarquís. “Acá los muchachos peronistas deberían llamar al Gobernador y decirle ‘eh, necesito la pericia para mañana porque mataron al mejor que teníamos, un ministro en funciones’. Es inaceptable que pase esto», había aseverado el letrado al tiempo que hizo una comparación con el crimen de María Soledad Morales.
“Como legisladores y legítimos representantes del pueblo, nos preocupa que la respuesta institucional, judicial y política al magnicidio ocurrido en Catamarca, sea el silencio y el vacío de una causa estancada. La decepción y la desconfianza social corroe las bases de nuestro sistema y los únicos responsables son quienes nos gobiernan”, concluye el documento.
