OPINIÓNEl Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que los diputados nacionales catamarqueños respaldaron en sintonía con la posición del Gobierno provincial, es uno de los puntos que genera mayores rispideces en el tratamiento de la Ley Bases que comenzó en el Senado. El sistema contempla incentivos fiscales y cambiarios a proyectos productivos que superen los 200 millones de dólares y contó con el apoyo de las provincias mineras, litíferas y petroleras por las posibilidades que abriría a mayores inversiones en esos sectores, pero al texto que recibió la media sanción de la Cámara de Diputados se le introdujo una modificación que puso en pie de guerra a la Unión Industrial, que ya venía inquieta. A diferencia de la primera redacción, que circunscribía el alcance del régimen a los sectores de agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología, la nueva establece que será «aplicable a las grandes inversiones en proyectos de cualquier sector». De tal modo el sector sojero, por ejemplo, podría quedar en condiciones de importar maquinarias, vehículos e insumos exentos de derechos de importación, con el impacto negativo que ello implicaría para las cadenas productivas que se han ido articulando y afianzando en distintas regiones del país. El RIGI “coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositiva”, señaló la UIA.
Lo que para unos es expectativa, para otros es acechanza. El vector RIGI ordenará el poroteo en el Senado conforme a lo que ya comenzó a advertirse en la Cámara baja: intereses provinciales y regionales muy concretos priman transversalmente como factor de agrupamiento por encima de las filiaciones partidarias.
¿Cómo se pronunciarán los senadores de provincias con sectores industriales y de servicios acoplados a sus actividades agropecuarias?
Esto cobra mayor gravitación cuando todos los actores tienen la vista puesta en las elecciones de medio término del año que viene.
En una escena tan fragmentada y con los liderazgos nacionales en declinación o crisis, senadores y gobernadores tendrán particular cuidado en el impacto que sus decisiones y posicionamientos puedan tener sobre sus respectivos electorados.
Otro tanto puede decirse sobre la reversión del impuesto a las Ganancias.
En el cotejo de costos y beneficios, conviene a provincias como Catamarca porque los ingresos que recibiría en términos de coparticipación serán mayores a los eventuales perjuicios políticos que provocaría entre quienes deberán volver a pagar el tributo, con excepciones como las de las guardias médicas, que quedaron exceptuadas por una ley específica y ahora entrarían en el cálculo de la base imponible.
La situación es distinta en provincias como las patagónicas y de la región centro, donde la cantidad de sueldos por encima del piso que empezaría a tributar es importante. El precio político que tendrían que pagar quienes levanten la mano a favor de la reposición de Ganancias o la apoyen podría ser altísimo.
La lógica regional es más fuerte en el Senado, donde las representaciones provinciales son iguales, a razón de tres brazos por distrito.
Para Ganancias, por ejemplo, las seis patagónicas juntan 18 senadores. Con Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, el centro, ya serían 30. Ciudad de Buenos Aires, Mendoza… el conteo es muy ajustado.
El desafío principal de los libertarios es obtener el quórum de 37 para que el proyecto sea tratado y de ahí la mayoría para sacar cada capítulo. Lo más probable es que las negociaciones demanden cambios y que la Ley Bases vuelva a Diputados donde el oficialismo, muy necesitado de señales que den cuenta de al menos un embrión de funcionalidad, espera ratificarla sin dilaciones.