OPINIÓN
Si bien el vocero presidencial Manuel Adorni descartó la posibilidad de que el Pacto de Mayo, cuya firma estaba programada…
Si bien el vocero presidencial Manuel Adorni descartó la posibilidad de que el Pacto de Mayo, cuya firma estaba programada para el 25 en Córdoba, se postergue, el propio presidente Javier Milei lo puso en duda, aferrado a la condición indispensable que puso para celebrarlo, en su primer mensaje al Congreso: la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal.
Tras descubrir el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, Milei le restó importancia a la fecha.
“Las reformas estructurales son para el largo plazo. Por lo tanto si no es en mayo, será en junio o julio, pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos hacer», dijo.
El impulso fundacional del mandatario es fuerte.
“La reforma de Menem fue la más grande de la historia. Solo la Ley Bases es cinco veces más grande. Si le sumás el DNU, ocho. Y te aviso, el total que tenemos pendientes son 3200 más», respondió a una pregunta.
El tratamiento de la Ley Bases está muy trabado en el Senado y puede considerarse un hecho que regresará a la Cámara de Diputados con modificaciones. La idea libertaria es sacarla sin demasiados trámites allí, lo más rápido posible. Necesita imperiosamente dar una señal de que puede destrabar el juego institucional aún en hiperminoría parlamentaria.
En pos de eso fue entregando jirones de la norma a lo largo de los cinco meses de gestión, pero Milei encontró en el “principio de revelación” la coartada para presentar los retrocesos como virtuosos desenmascaramientos de los enemigos del cambio.
Que ponga en duda la fecha del Pacto de Mayo es indicio de que empieza a aprender de la experiencia.
Tras la sanción de la Ley Bases, ex Ómnibus, se plantearían nuevos desafíos épicos para alimentar la narrativa libertaria. El Pacto del mes que sea –podría ser julio, y la fecha el 9 para seguir con la línea patriótica- podría ser plataforma de lanzamiento de nuevas reformas estructurales.
La que con mayor insistencia baraja la prensa nacional es una nueva ley de Coparticipación Federal. Es un viejo proyecto libertario que se desestimó por la imposibilidad de llevarlo a la práctica, pero podría desempolvarse en la etapa que se abrirá con la vigencia de la Ley Bases.
En septiembre del año pasado, después de la sorpresiva victoria de Milei en las primarias, la todavía candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel presentó junto a otros referentes de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense un informe hecho por la Asociación Argentina de Contribuyentes sobre el tema.
El documento concluía que el actual régimen de coparticipación federal “defrauda” los principios de reparto que marca el artículo 75 de la Constitución, por ser discriminatorio e inequitativo. Para los libertarios, el sistema genera una “dependencia económica absoluta” al gobierno nacional de algunos territorios, con provincias “discriminadas” y otras “favorecidas”.
Para derogarlo, proponía una salida jurídica y otra política: plantear ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad del régimen o avanzar en acuerdos parlamentarios.
El problema principal es que modificar la ley de coparticipación o derogarla requiere el acuerdo de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con ratificación de las Legislaturas provinciales. Muy difícil de por sí, parece imposible en el contexto actual si se considera el accidentado trámite de la Ley Bases.
Pero Milei podría reflotarlo para animar la discusión política a la espera del demorado rebote económico.
Nuevas instancias de «revelación” para munirse de insumos rumbo a las elecciones de medio término e inducir reacciones de los gobernadores, esos «degenerados fiscales».
