ESTA SEMANA HABRÁ UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN OBLIGATORIA
El diputado Hugo Ávila (FAC) aseguró que la cantidad de catamarqueños no llega al 40%. Alfredo Marchioli (UCR) consideró que si Minería no sanciona, podría perder autoridad.
En el marco del reclamo de los trabajadores despedidos por la minera Zijin-Liex, en Fiambalá, diputados de la oposición cuestionaron el rol del Gobierno de la Provincia y lo responsabilizaron por la situación. El diputado Hugo Ávila (FAC) aseguró que la cantidad de catamarqueños empleados en esa empresa no alcanza el 40% y aseguró que fueron preocupantes las declaraciones del titular de la Dirección de Inspección Laboral, en relación con el rol de esa dependencia. En similar sentido, el diputado Alfredo Marchioli, quien además preside la UCR, aseguró que si el Ministerio de Minería no avanza con una sanción podría perder autoridad, y aseguró que la empresa estaba acostumbra «al régimen de Roxana Paulón, que decidía quién trabajaba y quién no».
Ávila apuntó directamente contra el director de Inspección Laboral, Diego Romero, quien hizo declaraciones públicas esta semana respecto del conflicto con la minera litífera. «Cuando afirma que el 70% de los empleados son catamarqueños y que el 30% son foráneos, son declaraciones absolutamente falsas. Sobre 970 empleados, 110 son de Tinogasta, 310 son chinos y el total de catamarqueños no llega al 40%, es un 38%», cuestionó el diputado.
En este punto, explicó que actualmente hay 80 perforistas trabajando y que todos «son salteños». «La mayoría de las contratistas son de otras provincias y vienen a Catamarca a trabajar con empleados de sus provincias: hay bonaerenses, sanjuaninos, salteños, entrerrianos, formoseños, chaqueños y jujeños», sostuvo. «Acá se ve claramente que no hay voluntad política del Gobierno de la Provincia, porque los funcionarios como Romero intentan ocultar la verdad y encubrir las falencias de la empresa minera. Desde la precarización, pagando sueldos fuera de convenio, hasta el incumplimiento del 70-30», lamentó Ávila.
Por otra parte, dijo que «es una vergüenza que solamente 110 tinogasteños ocupen esos lugares» y criticó a los intendentes que terminaron sus mandatos. «¿Qué han hecho Roxana Paulón y Sebastián Nóblega para capacitar a la gente? Prefirieron tenerlos de rehenes con becas, hacerlos miserables y tenerlos permeables a la hora de votar», disparó.
«La Provincia se debe poner firme. No puede decir Romero que le está costando implementar los roster de 14×14. Es una regla de acuerdo al convenio, no tienen por qué los chinos dilatar esos turnos de trabajo», reclamó el legislador, quien al mismo tiempo valoró la intervención del actual intendente, Raúl Úsqueda, por «involucrarse y ponerse firme». «No se puede permitir que haya 300 chinos trabajando, tienen que ser tinogasteños. Y si me permite una sugerencia, el personal ejecutivo chino que viene tiene que aprender a hablar castellano, no tenemos por qué aprender chino los catamarqueños», sostuvo, en alusión a la propuesta del municipio de enseñar ese idioma a los agentes de Tránsito para evitar conflictos con los extranjeros.
El diputado y presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, aseguró que la situación en Fiambalá «es insólita» y llamó al Ejecutivo provincial a que «aplique las multas».
Marchioli valoró algunas de las acciones que se tomaron en consecuencia, aunque apuntó a la obligación de la empresa de incorporar a los empleados y pidió al Ejecutivo «hacer cumplir y respetar las libertades individuales y la diversidad cultural». Para el Legislador, la empresa debería incorporar a los despedidos, caso contrario estaría cometiendo «discriminación y una violación a las libertades individuales y derechos laborales, consagrados en la Constitución y Acuerdos internacionales como el de San José de Costa Rica».
«Es inédito en la actividad minera el despido de trabajadores por reunirse con sus propias autoridades locales o municipales», destacó el diputado, tras enfatizar que con esta grave situación y antecedentes recientes de la empresa, «el Gobierno no puede mirar para otro lado y debe aplicar las multas por faltas graves, previstas en la legislación minera-ambiental, y exigir la inmediata reincorporación de los damnificados».
Marchioli remarcó que «los catamarqueños, y en este caso puntual los fiambalenses, quieren un desarrollo sostenible, con mayor derrame económico mediante la contratación de mano de obra y proveedores locales, y la garantía de un control ambiental que no comprometa los recursos ambientales y las demás actividades económicas como la agricultura y el turismo».
«Zijin-Liex está acostumbrada al régimen de Roxana Paulón, que tenía el tamiz en la mano y como aduana señalaba quién trabajaba y quién quedaba afuera, todo con la connivencia o vista gorda de las autoridades provinciales», denunció.
«Si ante semejante gravedad el Ministerio no sanciona, podría perder autoridad y legitimidad para garantizar el cumplimiento de la legislación y el 70/30, para la protección del derrame económico catamarqueño. Quedará solo como anhelo y buenas intenciones, es decir, sin pena ni gloria. Lo mejor que puede hacer el Ministerio es concertar en comisión con la Municipalidad de Fiambalá un control conjunto, para garantizar el derrame económico local, el cuidado ambiental y sostenimiento de la licencia social para una mejor minería», recomendó.
Audiencia
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre AOMA y la empresa, y este viernes será la primera audiencia en las oficinas del CAPE. Será a las 11.
El conflicto
El martes pasado, el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda (UCR), convocó a una reunión a los distintos actores vinculados al Proyecto Tres Quebradas y anunció su interés por crear una Secretaría de Gestión Minera y Control Ambiental. Participaron desde proveedores hasta empleados y algunos que fueron despedidos anteriormente.
El miércoles se conoció el despido de ocho trabajadores. Sus familiares lo vincularon a su participación en la reunión con el intendente y organizaron una pueblada.
El jueves, exempleados y sus familiares bloquearon los ingresos a la planta de Zijin-Liex. El director de Inspección Laboral reconoció que hay «diferencias culturales» y dificultades para imponer el sistema de trabajo de roster. El gremio de AOMA se sumó a los reclamos y convocó a un paro: denuncian malos tratos y explotación. Intervino la Municipalidad y llamó a una mesa de diálogo.
El viernes se repitió el bloqueo a la planta y los gremios paralizaron la actividad. El intendente Úsqueda llegó al lugar con personal de la Policía Minera y la empresa china les prohibió el ingreso. Entraron escoltados por la Policía de la Provincia y labraron un acta de inspección que roza lo escandaloso. Advirtieron «faltas de respeto» por parte de la empresa, se fueron de la planta sin poder lograr un consenso y terminaron el acta en las oficinas de la Municipalidad. Señalaron que podrían corresponder sanciones.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria luego del fracaso para lograr una instancia de diálogo. La primera audiencia entre las partes será el próximo viernes en las oficinas que el organismo tiene en el CAPE.
