Editorial
Ocho años después de aquel 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino Ara San Juan desapareció en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo, el proceso judicial que comenzó la semana pasada intenta establecer responsabilidades penales dentro de la cadena de mandos de la Armada Argentina. Se trata de un paso relevante, pero incompleto.
El debate oral está orientado a determinar si existieron negligencias, omisiones o decisiones incorrectas en el plano operativo que contribuyeron al desenlace fatal. Sin embargo, el objeto del juicio quedó circunscripto exclusivamente a la estructura naval. Las responsabilidades políticas quedaron definitivamente fuera del proceso penal.
Las causas que involucraban al entonces presidente Mauricio Macri y al ministro de Defensa de aquel momento, Oscar Aguad, fueron cerradas por instancias judiciales superiores. También quedó clausurada la investigación por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes, cuya última instancia fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
De esta manera, el juicio que ahora comienza quedó limitado a examinar decisiones técnicas y operativas dentro de la Armada. Para los familiares de las víctimas y para varios de los abogados querellantes, esta delimitación implica una reducción sustancial del problema que se intenta esclarecer.
El hundimiento del ARA San Juan no puede explicarse únicamente por errores dentro de la cadena operativa naval. También hubo responsabilidades políticas.
El argumento que sostienen es sencillo: el hundimiento del ARA San Juan no puede explicarse únicamente por errores o fallas dentro de la cadena operativa naval. Las condiciones en las que el submarino fue autorizado a navegar remiten también a definiciones políticas.
En esa perspectiva, la tragedia sería el resultado de una cadena de decisiones que excede el ámbito estrictamente militar. Las políticas de defensa, la asignación presupuestaria, la supervisión del estado del material naval y las autorizaciones finales para operar constituyen niveles de responsabilidad que, según esta mirada, no pueden desligarse del desenlace ocurrido.
Las objeciones también se proyectan sobre otro capítulo particularmente sensible del caso: el espionaje a los familiares del submarino desaparecido. Aquella investigación apuntaba a determinar si organismos de inteligencia habían realizado seguimientos, registros fotográficos y tareas de vigilancia sobre padres, viudas y allegados de los marinos mientras reclamaban explicaciones al Gobierno.
Con el cierre definitivo de esa causa, confirmado por la Corte Suprema, los familiares volvieron a expresar su indignación. Para ellos resulta «absurdo y ridículo» que se los haya considerado un riesgo para la seguridad nacional o para la integridad del presidente de la Nación. Según su interpretación, la utilización de esa figura legal terminó funcionando como una suerte de «licencia para espiar» cualquier protesta social, algo que la propia Ley de Inteligencia Nacional de Argentina prohíbe expresamente.
Es posible que el juicio determine culpabilidades dentro de la estructura naval y que eventualmente se dicten condenas. Pero aun si eso ocurriera, para muchas de las familias de los 44 tripulantes la sensación seguirá siendo la misma: que la verdad judicial quedó incompleta y que la tragedia del ARA San Juan aún no ha sido plenamente explicada.
