Opinión
En un documento acerca de la decisión que debe tomar la Corte de Justicia sobre el informe de impacto ambiental acumulativo e integrado para habilitar nuevas explotaciones de litio en la puna antofagasteña, la Asamblea Pucará planteó consideraciones que trascienden lo ecológico difíciles de rebatir.
Más allá de la opinión sobre el informe presentado por el Gobierno, al que previsiblemente impugnan por ser “falso” y no cumplir con lo ordenado por la propia Corte, consignan que “en 30 años de extracción de Litio en Antofagasta de la Sierra, las empresas hicieron lo que quisieron sin control de ningún tipo”. “Secaron ríos, desalojaron familias, destruyeron flora y fauna, no se preocuparon en lo más mínimo por el agua, los ríos y el ambiente”, opinan los ambientalistas, que no esperan que vayan a producirse cambios en este sentido y apuestan a que la Corte rechace el estudio.
“A las empresas –añaden- no les importa ni tiene por qué importarles el futuro de Catamarca. Esa preocupación corresponde a nuestro gobierno. Y en estos 30 años, el modelo de minería de Catamarca ha sido, objetivamente, un modelo de devastación. No hay un área que no tenga conflictos. Conflicto con la mano de obra local, conflicto con los fideicomisos, conflicto con escuelas locales, conflicto con municipios, conflicto con el turismo, conflicto con las regalías, conflictos ambientales, conflictos internacionales por subfacturación y estafas, conflictos por territorios, conflictos por abuso y acoso de mujeres en los campamentos, conflictos por maltrato laboral, y la lista sigue. El modelo es realmente un fracaso de 30 años, en lo social, lo económico y lo ambiental”, concluyen.
La Asamblea Pucará cuestiona la falta de controles sobre la extracción de litio en la Puna.
Pucará señala que con el boom del litio iniciado en 2015 se instalaron 13 empresas en la zona puneña, con proyectos que están en distintas etapas de desarrollo. Sin embargo, la única que extrajo y extrae litio en este momento allí es Rio Tinto, que compró los derechos que tenía la norteamericana Livent. Esta firma era la única que extraía litio en la Provincia hasta hace un mes. Ahora también lo hace Zijin-Liex, de capitales chinos, pero en Fiambalá.
Los chinos protagonizaron sus propios escandaletes, el último de los cuales está relacionado con un supuesto abuso sexual perpetrado en la planta, pero la experiencia catamarqueña está signada mayormente por la gestión de Livent. Esto es: no son “las empresas” las que hicieron lo que quisieron durante tres décadas, amparadas en los deficientes controles del Gobierno, sino Livent. Esto no quita un ápice de razonabilidad al documento de la Asamblea Pucará en lo que se refiere al tipo de relación entre los “holdings” litíferos y mineros en general y el Gobierno. Lo que surge de Livent y Zijin-Liex es una extrema tolerancia oficial a los abusos empresariales.
A Livent se la liberó en 2015 de la obligación de contar con la anuencia del Estado provincial para transferir sus derechos y terminó pocos años después cerrando transacciones multimillonarias, fusionándose primero con la australiana Allkem en Arcadium para luego venderle todo el paquete a Rio Tinto. Catamarca no olió un centavo del fabuloso negocio. En el interregno, la firma norteamericana no se privó de estafar a la Provincia y al fisco nacional con la escandalosa subfacturación de sus exportaciones.
Tal es el saldo que dejó después de secar, como señala el documento de la Asamblea Pucará, el Río Trapiche y construir un acueducto para extraer el agua del río Los Patos. La Corte de Justicia accedió a una acción de amparo y frenó las actividades litíferas en la zona hasta que un informe de impacto ambiental acumulativo e integrado determine cuáles serán los efectos de la acción concurrente de todos los emprendimientos sobre la cuenca hídrica de Los Patos.
El Gobierno presentó este informe y espera que el máximo tribunal levante la restricción. Mientras tanto, vale la pena reflexionar sobre las facilidades que la política minera extiende a las empresas en detrimento de las poblaciones afectadas, contraste en el que estriban las dificultades para que la actividad afirme su licencia social.
