SE TRATA DE CRISTIAN ROJO
La Justicia deberá disponer los pasos a seguir en contra del sujeto denunciado por ahorristas.
La presencia de personas titulares de financieras en el ámbito de la Justicia Federal se está dando con mayor frecuencia, dado que las investigaciones avanzan y de esa forma se puede llegar a imputar e indagar a los presuntos sujetos denunciados.
Este es el caso de Cristian David Rojo, titular de “Callvu Servicios Financieros Bursátiles”, quien en la jornada de ayer se presentó ante el juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras.
Sebastián Ibáñez, abogado de un grupo de ahorristas que denunciaron al empresario, en diálogo con diario El Esquiú.com, dio detalles de lo que fue la presentación de Rojo, al cual habían solicitado que se lo investigue por los supuestos delitos de estafa, asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada.
En cuanto a las medidas fijadas por la Justicia, Ibáñez considera como “irrisoria” e “insignificante” la caución de 500.000 pesos que se le impuso, al entender que solo entre los ahorristas que representan junto al doctor Bruno Jerez han perdido 3 millones de pesos y sumando otro denunciante llegarían a los 10 millones de pesos. Entendiendo, que hay una “actitud bastante benigna” por parte de la Justicia para con el denunciado a partir de lo que se lo acusa.
Seguidamente, sobre el delito de intermediación financiera no autorizada, el letrado remarcó que es un delito contra el orden público financiero nacional.
“Estamos en total desacuerdo con la medida dispuesta por el juez Federal en cuanto a la caución minúscula fijada y en cuanto sigue en libertad”, refirió.
Ante esto, el abogado adelantó que se constituirán como querellantes a los efectos de “controlar” la investigación y plantear la nulidad y avanzar con “mayor rigor” la investigación. Asimismo, puntualizó que se debería haber informado a los denunciantes de la medida judicial llevada a cabo en contra de Rojo, dado que la Ley Nacional de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos establece que todo denunciante, aunque no sea querellante, tiene derecho a ser informado por la Justicia de los pasos que se van dando y a lo que respecta la situación del imputado.
Respecto a la libertad de Rojo, el letrado consideró que “puede seguir delinquiendo porque la propia Justicia Federal así se lo está permitiendo y será responsable la Justicia Federal de la continuidad de los delitos, tanto de la estafa piramidal como de la intervención financiera no autorizada (…) que siga haciendo el señor Rojo”.
Seguidamente, precisó que una vez que se constituyan como querellantes van a solicitar la revisión de todas las medidas “benignas” en contra de Rojo por parte de la Justicia Federal.
En otro orden de cosas, Ibáñez precisó que lo dispuesto por la Justicia Federal de “no tomar medidas de coerción fuerte” está provocando que todos los damnificados empiecen a “enardecerse”, porque a los imputados no se les fijaron cauciones “razonables”.
“Todas las víctimas están viendo una actitud absolutamente tibia e insuficiente por parte de la Justicia Federal, lo que va a llevar a un estallido social directo de la gente”, enfatizó.
La denuncia
Recordemos, que los doctores Ibáñez y Jerez denunciaron oportunamente a Rojo a partir de la demora en el pago a los inversores (hace dos meses) y por el resultado del entrecruzamiento de información. Lo primero fue que Rojo, en febrero de este año, “injustificadamente” cesó los pagos mensuales “negándose, además, ante el reclamo, a restituir el capital invertido”. De acuerdo a la denuncia, lo que generó “razonables dudas” fue el resultado del cruce de información, ya que se consultó si el denunciado y la empresa Callvu se encuentran legal y formalmente habilitados.
