EDITORIAL
Uno de los desafíos que tendrá el gobierno nacional que asuma en diciembre será recomponer el poder adquisitivo de los salarios. No solamente porque es un acto de estricta justicia, sino además porque será necesario para que el consumo se incremente y ello repercuta positivamente en el nivel de la actividad económica.
Luego de la recuperación que tuvieron en el período 2003-2015, los salarios vienen deteriorándose desde entonces y hasta la actualidad. En 2003 la participación de los asalariados en el ingreso total era del 31,4%, mientras que en 2015 alcanzaba el 51,6%. En 2019, a la finalización del mandato de Mauricio Macri, la participación del salario había caído al 46,2%, y en 2022 al 43,9%.
Un documento elaborado por Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, del Área de Economía y Tecnología de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), calcula que la transferencia de ingresos del trabajo al capital (rentabilidad empresarial) “alcanzó aproximadamente a 87.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial, mientras que medida en términos del tipo de cambio paralelo esa transferencia se reduce a 46.800 millones de dólares”. De una u otra forma, la pérdida de ingresos del sector de los asalariados es formidable, y explica con contundencia el incremento de los niveles de pobreza desde 2016 hasta la actualidad. La causa central de esta transferencia de ingreso es la inflación: los incrementos salariales otorgados desde hace siete años hasta la actualidad fueron, salvo excepciones que confirman la regla, en niveles por debajo del de la suba del índice general de precios al consumidor. Como contrapartida, las ganancias empresariales de los sectores concentrados tuvieron aumentos superiores a la inflación.
El documento de Flacso señala, por ejemplo, que “entre 2016 y 2022 los salarios reales se redujeron 12,1 por ciento, mientras que los precios de las ramas industriales altamente concentradas aumentaron 21,3 por ciento por encima del índice de los precios al consumidor, y en el caso de las ramas oligopólicas, en la que predominan grupos económicos, los precios crecieron 34,9 por ciento arriba del IPC”.
El interrogante es cómo lograr mejorar los salarios, que están por el piso, en el contexto de una economía condicionada por el pago de la deuda pública, que está por las nubes porque creció exponencialmente desde 2016 a la fecha. Solo este año Argentina tiene, para cumplir con el acuerdo firmado con el FMI, que conseguir más de 7.200 millones de dólares. Esa suma asciende a los 10.590 millones el año que viene.
El desafío del gobierno que venga será, entonces, generar a través de la reducción del déficit los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos. Pero reducir el déficit se logra achicando los gastos o mejorando los ingresos. La primera de las alternativas siempre termina produciendo ajusten en áreas sensibles y deteriorando aun más el poder adquisitivo de los salarios, lo cual, como ya se explicó, no puede continuar sin generar mayores niveles de pobreza e indigencia.
