EDITORIAL
La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad fue uno de los puntos que el presidente Javier Milei promocionó en la campaña para seducir al votante de derecha. Muchos celebraron la iniciativa por considerar que implicaba una reducción del gasto público al eliminar gastos políticos. Sin embargo, la iniciativa no solo produce un desguace en la estructura administrativa sino que avanza sobre políticas de género que garantizaban derechos para las mujeres y la diversidad sexual.
Días pasados, el Gobierno nacional oficializó la conformación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Este nuevo organismo sustituye al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El decreto establece que esta subsecretaría funcionará dentro del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.
Sin dudas, no se trata solo de la desjerarquización de una estructura a la que se le exigía índices de eficiencia y efectividad mayores que al mismo Ministerio de Hacienda que debía bajar la inflación. Los detractores evaluaron que el Ministerio de la Mujer no pudo bajar el índice de femicidios en Argentina, como si la tragedia dependiera solo de la lapicera de una ministra y no de la cultura machista y violenta que impera en el país.
En cambio, no valoraron otras políticas que fueron más allá, incluso, de garantizar el aborto legal. En el camino por reducir el gasto político se olvida el trayecto recorrido para la implementación de ESI en las escuelas que permitieron que niños, niñas y adolescentes denunciaran a sus abusadores; el plan ENIA para disminuir el embarazo adolescente, que logró buenos indicadores para aquellos que son matemáticos en políticas de género; las políticas para garantizar que todas las mujeres puedan acceder a métodos anticonceptivos y hasta a productos para el ciclo menstrual.
En el marco de la ley ómnibus se propone la modificación de la capacitación denominada Ley Micaela, que establece una capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En general hubo fuerte inversión para lograr la implementación y pese a la resistencia inicial dio buenos resultados. La nueva propuesta establece que la capacitación sería solo para agentes vinculados en las temáticas de violencia familiar y mujeres. De esta manera, se avanza sobre el objetivo primordial que era concientizar sobre violencia machista a funcionarios y empleados de los tres poderes alejados del tema.
Que el Gobierno nacional degrade la estructura de Ministerio a Subsecretaría no es el problema. El problema es la reducción presupuestaria para el área y que no exista un mensaje claro con respecto a cuáles serán las políticas para evitar la violencia, el abuso, el acoso callejero, la discriminación a mujeres y diversidad sexual. En general, se ha instalado en la sociedad que hay una situación de marcha atrás que abre las puertas al revanchismo contra mujeres y feminismos, un verdadero retroceso en políticas de género.
