CRÍTICAS DESDE EL PERONISMO DISIDENTE
El diputado Hugo Ávila consideró “imprescindible constituir un arco opositor” con la participación de diferentes actores sociales para evitar la aprobación y la implementación del RIGI que se contempla en la Ley Bases.Desde el peronismo disidente a nivel local plantearon un claro rechazo al nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) incluido dentro de la Ley Ómnibus que comenzará a tratarse en la Cámara baja del Congreso. Se trata del diputado Hugo Ávila, quien consideró que “el RIGI es peligroso para nuestra economía” y lamentó que los tres gobernadores “de la mesa del Litio hayan manifestado su respaldo a esta iniciativa, que le da condiciones leoninas a empresas extranjeras y que reduce a la Argentina a la condición de colonia económica en el más estricto sentido del término”.
A través de un duro documento titulado “el RIGI va a incrementar la transferencia de riqueza argentina al extranjero”, el diputado opositor hace un repaso sobre el modelo de transferencias de riqueza al extranjero “desde lugares claves de la economía como la banca, el comercio exterior, los servicios públicos, el petróleo, el gas y la minería”. Sobre esta última actividad, repasa lo que sucedió con Bajo la Alumbrera, cuando “la empresa declaraba que se llevaba 3 minerales -oro, plata y cobre-”, aunque una rotura del mineroducto activó denuncias de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero en la Justicia Federal.
Recuerda que, tras peritajes ordenados por la Justicia, se detectaron “que iban 53 minerales más que no estaban declarados, lo que según diversos cálculos significaba un contrabando de más de 8 mil millones de dólares anuales”.
Más allá de la reseña, Ávila remarca: “Si la Ley de Inversiones Mineras del Gobierno de Carlos Menem que está plenamente vigente es funcional a este saqueo, el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) es mucho peor: se trata de gigantescos beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y garantías estatales que violan y lesionan seriamente nuestra soberanía, en definitiva, la entrega absoluta de los recursos naturales y la imposibilidad de desarrollarnos como una nación industrializada en el corto y mediano plazo”.
El legislador también observa que el RIGI “es peligroso para nuestra economía, porque en base al argumento habitual de que se necesita generar empleo y atraer inversiones, se recurre al razonamiento de siempre, de que la inseguridad jurídica y el exceso de regulaciones son las que impiden que la inversión extrajera llegue a nuestro país, pero establece beneficios y exenciones inéditas a nivel mundial que no da ninguna nación desarrollada”.
Además, rescata que la advertencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) para subrayar que “al no establecerse controles sobres el origen de los fondos, se convierte a nuestro país en una zona liberada para el lavado de dinero del narcotráfico, de la venta ilegal de armas y de otras actividades ilícitas”. “En este contexto, es lamentable que los gobernadores de la mesa del litio (en alusión a Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz y el jujeño Carlos Sadir) hayan manifestado su respaldo a esta iniciativa, que le da condiciones leoninas a empresas extranjeras y que reduce a la Argentina a la condición de colonia económica en el más estricto sentido del término” .
Apunta al modelo económico del país en el pasado que puso a la Argentina como netos productores de materias primas para indicar que sucede lo mismo en la Provincia “con la riqueza minera, cuando vemos que la burguesía política que gobierna Catamarca es socia de las corporaciones extrajeras prestando bienes y servicios con sus empresas en las áreas de la salud, la construcción, la gastronomía y la subcontratación de trabajadores, a los que los explotan pagándoles menos de la mitad de lo que establecen los convenios”.
Así las cosas, consideró “imprescindible constituir un arco opositor de dirigentes políticos, empresariales, científicos, intelectuales, periodistas, dirigentes sindicales, representantes de comunidades originarias, entre otros, que planifiquen una estrategia para evitar la aprobación y la implementación de este nuevo estatuto colonial”.
