Se cierra el cerco judicial contra Adhemar Bacchiani

NUEVAS PRUEBAS LO COMPLICARÍAN
Los fiscales federales Vehils Ruiz y Santos Reynoso, en coincidencia con un abogado tucumano, solicitaron la detención de todos los imputados al considerar que habría importante riesgo procesal.
Los fiscales federales de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz y Santos Reynoso, al igual que el abogado tucumano Alfredo Aydar, que representa a una importante cantidad de ahorristas captados por la empresa Adhemar Capital S.R.L en la provincia de Tucumán, solicitaron ayer al juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, la inmediata detención del autodenominado “trader de crypto activos” y CEO de la empresa, Edgar Bacchiani y los ocho imputados en la causa.

Los fiscales realizaron el pedido en función de un amplio cúmulo de pruebas reunido en las últimas semanas a partir de las denuncias efectuadas por damnificados en las dos provincias, y la existencia de importante riesgo procesal.
Por su parte, Aydar efectuó su primer solicitud de detención argumentando que “ante la conducta adoptada” en las últimas horas por Bacchiani, donde “habría proporcionado falsa información al público en general”, a los damnificados y al propio sistema judicial en relación a su estado de salud y desconociendo en este momento cuál es su paradero.

En este marco, dijo que «existe un real e inminente riesgo de entorpecimiento de la investigación, medidas de prueba y peligro de fuga de parte del acusado. Por ello solicito a la Justicia Federal de Catamarca la inmediata detención de Edgar Bacchiani”.

Crece la presión

El miércoles a la mañana el juez Contreras recibió a manifestantes que protestaron frente al edificio del Juzgado Federal, exigiendo la inmediata detención de Bacchiani, el pago de utilidades prometidas y la devolución de los capitales entregados.

Recibió los pedidos de detención por parte de los fiscales y el abogado tucumano, y en las próximas horas habría importantes novedades.

En el transcurso de la tarde del miércoles y la madrugada de ayer hubo persecuciones y amenazas de acreedores, a laderos de Bacchiani.

Se registraron fuertes manifestaciones con gritos, bocinazos y pintadas frente a la casa de Saraive Celeste Garcés Rusa, pareja de Bacchiani, y José Blas, uno de los gerentes y ladero del CEO, quien buscó protección en las dependencias de Criminalística cuando escapaba de acreedores que lo perseguían por la zona alta de la ciudad. Todas estas circunstancias se dieron en horas en que Bacchini fue dado de alta en un sanatorio privado, donde permaneció internado un par de días. La corta internación y las continuas «reestructuraciones de deuda» -que iniciaron en febrero y continúan actualmente, con postergaciones de hasta 120 días en el cumplimiento de sus obligaciones-, generaron incontenible malestar a varios acreedores que hasta llegaron a amenazar de muerte a empleados de un comercio céntrico, que sería propiedad de Bacchiani.

Cerco judicial

La fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, imputó a Bacchiani hace más de un mes, por «estafas reiteradas», y le impuso una caución real de $40 millones para el mantenimiento de su libertad.

Según la información a la que pudo acceder este diario hasta el cierre de esta edición no había cumplido con el requerimiento judicial por lo que fue intimado judicialmente.

En Catamarca, los fiscales federales lo imputaron el 13 de abril por la presunta comisión de los delitos de «intermediación financiera sin autorización en concurso ideal con lavado de activos» y «defraudación», todo en concurso real, y «asociación ilícita».

La misma imputación fue para Savaire Celeste Garce Ruso, José Armando Blás, Franco Sarroca, Héctor Agripanti Orellana, Pablo Antonio Sosa, Sofía Esther Aylan, Lucas Barrera Oro, y María Lihue Banegas. Al cierre de esta edición se pudo conocer que el Juzgado Federal giró las actuaciones en los casos de Bacchiani y Rojo, a la Fiscalía Federal y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

A través de grupos de Whatsapp distintos grupos de acreedores de Bacchiani se organizaron durante toda la jornada del miércoles, para protestar y exigir la inmediata devolución del dinero adeudado.

La crispación de los ahorristas fue creciendo a medida que avanzaba la tarde y se conocía el pedido de arresto y que Bacchiani. Durante la tarde se produjo el escrache a Blas, quien permaneció oculto dentro de una camioneta en la que se trasladaba, en las instalaciones de Criminalística, en el barrio 920 Viviendas. La noche inició con gritos, bocinazos, aplausos y corte de calles frente a los domicilios de varios imputados y allegados cuestionado CEO.

Hubo quejas en el centro de estética de la pareja de Bacchiani y entre la medianoche y la madrugada de ayer, se registraron protestas y pintadas en la casa de Blas.

Paralelamente, vecinos de estas personas protestaron por los ruidos molestos y reclamaron presencia policial por temor a desmanes.

Insultos y amenazas de muerte a empleados
El destino de al menos una parte del dinero que recibió Bacchiani habría sido «invertido» en la adquisición de locales comerciales entre ellos, Medialunas Calentitas, ubicado por calle Ayacucho esquina avenida Belgrano.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder el Ancasti, empleados de esa firma denunciaron amenazas de presuntos inversionistas que habrían entregado su dinero al «trader de crypto activos», con la promesa de descomunales ganancias.

Estas personas les habrían advertido a los trabajadores que no los dejarían desarrollar sus tareas hasta recuperar la totalidad de su dinero.

Meses de aprietes

A mediados de enero comenzaron las amenazas y protestas contra el empresario y sus empleados en Catamarca. La mayoría de los hechos registrados que incluyeron amenazas de muerte y hasta la intimidación con una réplica de arma de fuego fueron repudiados por el CEO, quien a través de las redes sociales amenazó con no pagar a quienes lo denunciaron, entre otras represalias.

Pirámide

Siempre de acuerdo a la información suministrada por acreedores y fuentes ligadas a la causa, entre las personas amenazadas y escrachadas, además de empleados hay inversores (poceros), que se ocupaban de reunir cantidades descomunales de dinero con el objetivo de acceder a intereses superiores al 20% mensual.

La modalidad consistía en que la misma persona que realizaba un depósito «en blanco» o bancarizado de un monto mínimo de aproximadamente 1 millón de pesos, a cambio de una renta mensual de 10 o 14%, tenía la posibilidad de generar otro depósito en «negro», no bancarizado, con intereses que llegaban a 24% mensual, e incluía el pago eventual de un jugoso «bono» anual.

Esta persona, que por lo general era el aportante mayoritario del pozo, recurría a amistades, amistades de amistades y familiares con la propuesta.

Así se habrían llegaron a conformar pozos de más de 25 millones de pesos, con aportes de decenas de personas por montos de varios miles de millones de pesos.

El «pocero» era el responsable de comunicar a los arriesgados inversores las fechas de cobro y la modalidad de pago. En muchas ocasiones era quien asumía la responsabilidad de cobrar las utilidades y repartirlas proporcionalmente a cada portante.

Esos poceros, que no pueden dar respuesta a los aportantes por la recurrente falta de pago y las reestructuraciones impuesta por Bacchiani, también estarían siendo amenazados por acreedores.

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