En 2011 comenzó la investigación por las fallas estructurales. En abril se ordenó el archivo por el acuerdo judicial de la Provincia con la empresa.
En abril, el Tribunal de Cuentas dio por concluido el sumario administrativo de Responsabilidad que se había iniciado en el Ministerio de Obras Públicas por las falencias halladas en la obra del Estadio Bicentenario, que se inauguró en noviembre de 2010 durante la gestión del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral. Tras 11 años de investigación, el sumario quedó en «la nada» por el desistimiento de la acción judicial que realizó el fiscal de Estado, Marcos Denett, a partir del acuerdo al que arribó la Provincia con la empresa constructora Capdevila. Mientras tanto, el estadio Bicentenario continúa en reparación.
En los fundamentos de la resolución a la que accedió El Ancasti se señala que “encontrándose el presente sumario administrativo de Responsabilidad estrechamente vinculado al trámite judicial de referencia (el desistimiento de la acción judicial) al haberse agotado la vía judicial en forma anticipada sin que llegue el Tribunal a expedirse sobre la cuestión de fondo, no cabe en esta sede administrativa continuar sobre la persecución sobre el hecho. Pues, en consecuencia corresponde disponer el archivo de la presente causa, conforme lo establece el artículo 69 inc a de la ley 4621”.
La normativa mencionada en la argumentación corresponde a la ley del Tribunal de Cuentas y se refiere a la finalización de un sumario. El inciso a) del art. 69 establece que el archivo se dará “si del mismo resultare la inexistencia de responsabilidad”.
El Tribunal de Cuentas inició una auditoría en 2011 a partir de las publicaciones periodísticas que advertían las fallas en la estructura del Estadio Bicentenario. La investigación preliminar se terminó en 2012 y concluyó que el coliseo presentaba serios problemas en su estructura y no estaba garantizada la seguridad de los espectáculos públicos. En ese momento se ordenó iniciar un sumario administrativo para determinar la responsabilidad por una obra en la que el Estado invirtió, en aquel momento, $ 57 millones.
En 2015, de acuerdo con una consulta realizada en aquel momento por El Ancasti, continuaba la investigación. Los auditores que realizaron el primer relevamiento se encontraron con nuevas fallas en la estructura edilicia que obligaron a ampliar la primera auditoría para incorporar esos nuevos relevamientos en el expediente. Por diversos motivos, el sumario quedó demorado.
El mayor problema al que se enfrentaba el TC en ese entonces es que la obra todavía no había sido recepcionada en su totalidad, es decir no había un acta formal de recepción. El estadio de fútbol se inauguró como una de las obras faraónicas de la gestión del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral en noviembre de 2010. En agosto de 2011 tuvo una recepción provisoria parcial del 97% y como la obra “está en el aire” tampoco se podía ejecutar la garantía del contrato.
En 2018, la Unidad de Auditoría de Obras Públicas del Tribunal de Cuentas concluyó que la obra no había sido ejecutada al 100% y se realizó una recepción parcial. El Ministerio de Obras Públicas rechazó la recepción definitiva y declaró a la contratista Capdevila Empresa Constructora incursa en incumplimiento contractual.
Según el informe, Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras por Administración, luego de la posesión de la obra, ejecutó obras varias y añadió que no se encontraban esos montos de obras en los reclamos a la contratista.
El TC ratificó la existencia de los vicios aparentes y ocultos que fueron detallados por la auditoría que el Gobierno había encargado a la Universidad Nacional de Tucumán.
«En relación con la valoración de los daños existentes es necesario realizar una evaluación completa del estadio, realizando distintos estudios técnicos como pericias para determinar los vicios aparentes detectados como los ocultos. La obra posee daños que comprometen su solidez en distintos sectores y que hacen a la obra impropia para su destino».
En 2020 resolvió suspender el trámite del sumario hasta que se dicte sentencia en la causa que el Estado provincial había iniciado contra la empresa constructora Capdevila y contra Fernando Capdevila por daños y perjuicios.
En agosto de 2020, el gobernador Raúl Jalil anunció un acuerdo entre la Provincia y la empresa Capdevila donde la firma se comprometía a pagarle al Estado la suma de $44 millones, que se utilizarían para avanzar en la obra de recuperación.
Es por eso que la causa judicial fue al archivo por el desistimiento de la acción judicial y en ese marco el sumario administrativo del TC quedó sin materia y por lo tanto ninguna condena.
El expediente, durante más de una década, llegó a acumular cerca de 2.000 fojas.
Una trama de 22 años
El Estadio Bicentenario se inauguró el 30 de noviembre de 2010 durante la gestión del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral.
En 2011 comenzaron a advertirse las fallas en la estructura.
En 2016, durante la gestión de la exgobernadora Lucía Corpacci, fue clausurado. Ese mismo año se encargó un estudio a la Universidad Nacional de Tucumán. Se entregó en octubre y confirmó los vicios en la construcción.
En 2017 el exfiscal de Estado Carlos Bertorello presentó una denuncia por daños y perjuicios contra la empresa. En ese momento se le exigía a la firma el pago al Estado de al menos 36 millones de pesos por las graves falencias que presenta el edificio. La presentación se realizó en un juzgado civil.
En 2020 se llegó a un acuerdo con la empresa y se desistió de las acciones judiciales.
