Opinión
Javier Milei moderó el uso del concepto a medida que los pactos con la denostada “casta” se le fueron haciendo más indispensables, pero es adecuado para aplicar al debate sobre la Reforma Laboral. El desenlace del trámite en el Senado arrojó un evidente “principio de revelación”: los sindicatos resignaron influencia para incidir sobre las condiciones laborales, pero salvaron la integridad de sus “cajas”.
Si la grandilocuente reforma genera o no más puestos de trabajo registrado lo dirá el tiempo, que es implacable. Hasta entonces, Milei puede estar satisfecho con una victoria política no menor. Aunque las concesiones al sindicalismo la hayan empañado y aún le falte superar la Cámara de Diputados, logró demostrar que está en condiciones de imponer su agenda en el Congreso y sostener puntos significativos de su iniciativa, como el Fondo de Cese Laboral (FAL), la reducción de la base cálculo para las indemnizaciones y la prevalencia de los convenios colectivos por empresa o regionales sobre los nacionales.
Este último punto afecta el poder político de los sindicatos al habilitar la descentralización. Es una hendija hacia la libertad sindical que obliga a las organizaciones nacionales a revisar sus esquemas, más aún cuando la ley les quita importantes herramientas de presión como la de los bloqueos y tomas, que pasan a ser justa causa de despido. También se ampliaron las actividades “esenciales” que deben mantener pisos mínimos de prestación en caso de medidas de fuerza.
En contrapartida, la casta sindical retiene sus bienes más preciados.
Las cuotas sindicales seguirán descontándose del salario en forma compulsiva y las empresas continuarán operando como agentes de retención. Esto incluye las cuotas “solidarias”, que los trabajadores no sindicalizados también abonan, si bien con un techo del 2%.
No menos importante que esto es que los gremios consiguieron sostener en el 6% el aporte a sus obras sociales.
El Gobierno libertario obtuvo un triunfo simbólico inmediato indudable. Sacó la Reforma en el Senado en menos de dos meses, con mayoría contundente sobre un kirchnerismo cada vez más endeble. Al margen de que los resultados de la nueva normativa en términos estrictos de generación de empleo registrado aún deban verificarse, muchos de los temas aprobados dependen del acuerdo entre partes y no pueden descartarse judicializaciones.
La «casta» sindical cedió en puntos que podrían afectarle el monopolio de la representación, pero mantiene intactas sus cajas
El impacto político de la reforma en ciernes es favorable al Gobierno y está. El resto es “a pillar”, de acuerdo al derrotero que siga el nuevo régimen, pero entre los ingredientes que surgieron de la discusión se destaca que los burócratas sindicales cedieron todo, menos sus “cajas”. Como se señala al principio de esta nota, en la mística retórica presidencial, “principio de revelación”: las prioridades de los adalides de la justicia social quedaron claramente expuestas.
Cómo lidiarán con la eventual descentralización de las negociaciones colectivas que les amenaza el monopolio de la representación es otra cosa, que atenderán llegado el caso. Primero lo primero: la plata de las cuotas y las obras sociales, con solo pasar por la ventanilla de las empresas obligadas a retenerlas y pagarles, sin siquiera tener que tomarse el trabajo de afiliar a los trabajadores registrados, porque para eso están los cuotas “solidarias”.
La reforma podrá no ser inocua en términos generales, a mediano o largo plazo, pero qué importa eso mientras los fondos sigan fluyendo regularmente y su administración permanezca exenta de fiscalizaciones.
El “principio de revelación” opera también a la inversa. Las prerrogativas sindicales en pie demuestran hasta donde se anima el Gobierno a apretar la cincha.
Una cosa es aguantarle las bellaqueadas a los jubilados y otra tocarles los ingresos a los “gordos”.
