Uno de las latiguillos más usados por los funcionarios del gobierno libertario y economistas que vienen apoyando la política de ajuste es que era necesario un “sinceramiento” en los precios de algunos productos y servicios. Ese sinceramiento implica aumentarles los precios, con el argumento de que venían “atrasados” o “reprimidos”.
Un análisis en profundidad de esas declaraciones debe concluir que es cierto que había un “atraso” en el precio de esos productos y servicios, siempre en comparación con sus precios a nivel internacional o con los de otros productos y servicios. Pero si hay algo que está atrasado respecto del nivel general de precios es el salario promedio de los trabajadores argentinos y los ingresos de jubilados y pensionados. Y no se escucha en el gobierno ni entre los economistas ortodoxos hablar de “sinceramiento” de los salarios o haberes jubilatorios por el atraso ostensible que sufren.
Los salarios tuvieron un periodo expansivo –en su carrera con los precios- entre 2003 y 2011. Por esa razón que en este período hubo una reducción muy pronunciada de la pobreza: del 56% en el 2003 al 25% en el 2011. Entre 2011 y 2015 la inflación igualó la carrera e incluso la superó en 2014. Desde 2015 hasta la actualidad, salvo en el 2021, los salarios perdieron fuertemente contra el incremento sostenidos de los precios de productos y servicios. De modo que los salarios de los trabajadores merecen también un sinceramiento. Sin embargo, las medidas aplicadas y anunciadas desde la asunción de Javier Milei están provocando y, lo seguirán haciendo al menos en el corto plazo, una caída abrupta del poder adquisitivo de los salarios. Esto porque los precios se “sinceraron” pero los sueldos no.
Entre las últimas medidas económicas que afectan directamente al poder adquisitivo del salario se puede mencionar la devaluación. La suba en la cotización del dólar del orden del 118% dispuesta por el ministro Luis Caputo se trasladó inmediatamente, en una alta proporción, a los precios. Se encarecieron los productos importados y los exportables, como los alimentos.
La desregulación de los precios generó también una suba pronunciada en los de algunos productos y servicios. Por ejemplo, subieron fuertemente los precios de los medicamentos y lo hará el de la medicina prepaga, que estaban regulados. La anunciada reducción y eliminación de subsidios, por ejemplo a los de la energía y el transporte, impactará de lleno en el incremento de la inflación.
Mientras todo eso sucede, los sueldos se plancharán, o subirán muy por debajo de los niveles de la inflación, que para el mes de diciembre se pronostica en alrededor del 30%, cuando en noviembre fue del 12%. Ya hay analistas que calculan que la pobreza, que al terminar el gobierno de Alberto Fernández era del 44%, puede llegar al 60% el año que viene.
La caída del poder adquisitivo de los salarios y los haberes previsionales no es solamente un grave problema para los trabajadores, jubilados y pensionados, sino también para la propia economía. Ya se verifica y se profundizará en los próximos meses, una fuerte disminución de las ventas, lo que gravita en el consumo pero también en el nivel de inversión. Y la caída de la actividad económica incide a su vez en el nivel de recaudación impositiva. Se produce así un círculo vicioso del que es preciso salir.
El presidente Javier Milei ha prometido que luego de este proceso de reconversión económica se verá la luz al final del túnel. Hay opiniones encontradas respecto de si esa recuperación económica será posible o no con el modelo que propicia. Pero al margen de estas controversias teóricas, lo cierto es que los sectores trabajadores necesitan respuestas urgentes. Es decir, un sinceramiento que admita que lo que más atrasado o reprimido están son los salarios y, la adopción de medidas que compensen rápidamente esa situación, antes de que la pobreza adquiera niveles récord en la Argentina.
