Editorial
El borrador de reforma educativa que promueve el gobierno nacional y que trascendió informalmente, destinado a derogar la Ley de Educación Nacional vigente (26206), ha encendido alarmas entre los especialistas, considerando que cada modificación en este ámbito deja huellas perdurables en la configuración misma de la sociedad.
Lo filtrado del documento revela un enfoque que muchos interpretan como un retroceso grave. El texto parece orientarse hacia una creciente mercantilización del sistema educativo, en la medida en que privatiza funciones, promueve la competencia como motor de supuesta mejora y transfiere responsabilidades estatales a las familias, lo que va en contra de la tradición educativa argentina y con la propia Constitución Nacional, cuyo artículo 14 garantiza el derecho a la educación y exige una presencia principal e indelegable del Estado, no un rol subsidiario.
Uno de los rasgos más inquietantes del borrador es la libertad absoluta que otorgaría a cada institución -pública o privada- para definir su plan de estudios, su calendario escolar, sus modalidades pedagógicas e incluso las condiciones de contratación docente. Una modificación de esta naturaleza conduciría a una peligrosa dispersión de criterios, a la fragmentación del sistema y a la pérdida de cualquier horizonte común. La educación dejaría de ser un proyecto de país para convertirse en una sumatoria de proyectos aislados, regidos por lógicas de mercado antes que por objetivos pedagógicos.
La lógica de darwinismo social contradice la misión de la educación en un país que históricamente entendió la escuela como herramienta de igualdad e inclusión.
A ello se suman puntos particularmente polémicos: la introducción de la educación desde el hogar -a cargo de los propios padres o de alguien designado por ellos-, la habilitación explícita de la formación religiosa confesional dentro de la educación pública y la autorización de modelos híbridos con fuerte componente virtual.
Hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto: al derogar la Ley 26206 se elimina también el marco que garantiza un piso del 6 % del PBI destinado a educación. Su desaparición, en un contexto de ajuste fiscal, solo puede leerse como un debilitamiento deliberado del sistema público.
El modelo que asoma detrás del documento filtrado es de competencia entre instituciones, en vez de cooperación. En un escenario así, sobrevivirán y se fortalecerán las escuelas con más capital -económico, simbólico y tecnológico-, mientras que las más vulnerables quedarán sometidas a una presión que puede conducirlas al debilitamiento o incluso a la desaparición. Esta lógica de darwinismo social contradice la misión de la educación en un país que históricamente entendió la escuela como herramienta de igualdad, inclusión y movilidad social.
Cualquier reforma educativa debe ser fruto de un debate amplio, plural y participativo. No puede construirse entre pocos ni a espaldas de la comunidad educativa. Y debe respetar no sólo la letra de la Constitución, sino también la larga historia argentina que entiende que una sociedad más justa empieza en su escuela.
