Aparte del gastronómico Luis Barrionuevo, testificó ayer en la causa Rojas el director del Cuerpo Interdisciplinario Forense Sebastián Vega, quien ratificó dos elementos que abonan la hipótesis de que la investigación fue contaminada en su inicio.
Uno es la desaparición de un cabello que puede verse en una de las fotografías tomadas por los peritos al cadáver del ministro Juan Carlos Rojas, pero no está entre las pruebas. El otro, que un policía autorizó a la familia Rojas a limpiar la escena del crimen.
Vega le relató al fiscal Hugo Costilla que cuando ingresó a la galería en donde había estado el cuerpo de Rojas, al día siguiente del hallazgo, cuando ya Barrionuevo había destapado que se trataba de un homicidio y no de una muerte por causas naturales, le sorprendió la diferencia en el tono de las manchas de sangre. Ante su curiosidad, personal de la División Homicidios le informó que habían permitido a Fernando Rojas que limpiara en algunos sectores para evitar que los perros del occiso se acerquen.
Tanto lo del pelo misterioso como lo de la limpieza coincide con lo consignado por la familia Rojas.
Fernando, el hijo que encontró el cuerpo, había explicado que lavó la galería por indicación de los policías, que incluso le habrían sugerido contratar los servicios de una empresa. También señaló lo del pelo extraviado.
El joven reiteró esto en las entrevistas que concedió a Multimedios Ancasti, y el titular principal de la tapa del diario de ayer aludió precisamente a la desaparición de una “prueba clave”.
La denuncia penal por encubrimiento que Fernando Rojas radicó el 28 de febrero, antes de la impactante conferencia de prensa donde junto a su hermana Natalia exhibió las fotos del cadáver, concluye: “He tomado conocimiento de que en el plexo fotográfico que obra en los autos, existiría una fotografía del cuerpo de mi padre donde se observaría la presencia de un cabello largo, el cual a simple vista no correspondería con el occiso. Sin embargo el mismo no habría sido recuperado y por lo tanto no constaría entre los elementos relevados en la causa, situación de absoluta gravedad y que reviste entidad suficiente para instar la investigación, al menos del delito de encubrimiento”.
En el mismo planteo denuncia la falta de medidas de seguridad en la casa de Rojas y sus oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y el sindicato gastronómico.
Estos ingredientes, de por si significativos, cobran mayor importancia en un contexto donde la pesquisa está empantanada, sin pruebas con consistencia suficiente para seleccionar alguna de las hipótesis en danza.
Es debido a esta deficiencia que Costilla decidió abrir decididamente una línea de indagaciones sobre las fallas de la investigación y un mes después de la denuncia de Rojas hijos comenzó a convocar a testigos en tal sentido: la ministra de Seguridad Fabiola Segura, el exjefe de Policía Ángel Agüero –que fue relevado de su cargo a principios de febrero- y los peritos y policías que intervinieron en el primer tramo del controvertido expediente.
Los testimonios convergentes de los Rojas y el director del Cuerpo Interdisciplinario Forense reducen el campo de investigación en lo que concierne a maniobras ejecutadas para empiojar el expediente. La trama, de existir, podría comenzar a desmadejarse a partir de dos preguntas:
¿Quién le indicó a Fernando Rojas que podía lavar la escena del crimen?
¿Quiénes pudieron haberse apoderado del pelo misterioso entre la casa de Rojas y el laboratorio forense?
Desde esos dos interrogantes se podrá determinar si los defectos de la instrucción fueron fruto de la impericia o maniobras deliberadas para obstaculizar el esclarecimiento.
No solo el fiscal Laureano Palacios tiene que rendir cuentas sobre su desempeño. Entre los justificativos que vertió en su descargo se destaca que nadie le advirtió que podía estar ante una muerte violenta.
Fuente: El Ancasti
