ANTE EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Además, contemplaron que el mecanismo de modificación presupuestaria de Jefatura de Gabinete “da margen a una cuota de discrecionalidad”.
A través de un extenso escrito titulado “Aportes al debate del presupuesto universitario”, el rector de la UNCA, Oscar Arellano, junto a decanos y decanas de las diferentes facultades (quienes aportaron diversas perspectivas al documento), se apuntó contra la decisión tomada por el Gobierno Nacional incrementando partidas a 25 de las 57 universidades nacionales. En este sentido, el texto indica que se inició un reclamo tanto al Consejo Interuniversitario Nacional -que reúne a todas las universidades públicas- como en la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación.
En primer lugar, recuerdan que el exjefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía, Sergio Massa, aprobaron la Decisión Administrativa 54/2023 en enero “a los efectos de realizar una modificación al presupuesto oportunamente aprobado por el Congreso“. En este sentido, observan que Nación reasignó $14 mil millones para el desarrollo de la educación superior y “se destinan fondos a 25 universidades nacionales cuando el sistema está compuesto por 57 universidades de carácter público”. También observan que “de las 25 universidades beneficiarias, 13 se encuentran en el conurbano bonaerense”.
Esta disposición creó dudas en la UNCA. Es que, “como no se explican ni fundamentan las razones de esta distribución que beneficia a 25 universidades, es razonable pensar que es un acto discrecional y una discriminación hacia el resto del sistema universitario”. “La difusión y notoriedad de este hecho, por un lado, pone en análisis y tela de juicio estos mecanismos de modificación presupuestaria a través de Jefatura de Gabinete que, a nuestro criterio, dan margen a una cuota de discrecionalidad que es inconveniente para una distribución justa, prudente y estratégica de los recursos financieros teniendo como norte el desarrollo de nuestro país”, acota el documento.
“Independientemente de la razonabilidad o discrecionalidad de la medida, es una oportunidad para reflexionar sobre el presupuesto universitario y su vínculo con la educación en general y con la calidad académica, científica y tecnológica universitaria y el posible impacto de esta con el desarrollo nacional”, continúa el documento.
De esta forma, remarcan: “Como universitarios, estamos convencidos que la educación, la ciencia y la tecnología son un motor fundamental en el crecimiento y desarrollo de los pueblos”. Para ilustrar el reparto desigual, señalan que “la creación de nuevas carreras que atiendan la demanda de nuevos perfiles técnicos y profesionales que reclama el contexto socioproductivo y que requiere la incorporación de docentes para su dictado, laboratorios, equipamientos, software, conectividad, etc., exige que la universidad presente un programa ante la SPU para la implementación de estas nuevas carreras, lo que tiene que ser aprobado y financiado a través de contratos programas por parte de Nación”. Sin embargo, “este mecanismo hace que no todas las universidades tengan iguales posibilidades de que el financiamiento le sean otorgados”.
Así las cosas, indagan: “¿No deberíamos construir un país verdaderamente federal, que permita su crecimiento armónico y que no obligue a sus gobernantes, y en nuestro caso a sus rectores, a peregrinar por la Capital Federal para buscar los fondos para llevar adelante la gestión de sus instituciones? La cercanía al poder, física o política, genera ventajas para quienes están cerca y, en consecuencia, discriminación para quienes no lo están”.
