Opinión
La disolución de la Administración Federal de Recursos Públicos (AFIP) es el primer sablazo de importancia que Javier Milei asesta a la casta burocrática, que venía manteniéndose en un discreto y cauteloso segundo plano, oculta tras una retórica que se concentraba exclusivamente en la más obvia casta política. El ajuste al organismo no generó las solidaridades públicas de otros, por razones bastante obvias: los recaudadores de impuestos no suelen ser objeto de simpatías demasiado extendidas en ningún lugar del mundo.
Esta percepción podría ser injusta –alguien tiene que hacer el trabajo de recaudar-, pero en el caso argentino se suman a los abusos perpetrados contra los contribuyentes los desmesurados salarios de jerarcas que embuchaban entre 17 y 32 millones de pesos al mes.
Las distorsiones salariales se financian con un Fondo de Autarquía creado en 1997, que se fondea con el 1,9% de la recaudación neta total de los impuestos y recursos aduaneros. Gracias a esta caja, el sueldo promedio de la AFIP casi triplica el promedio de los de todas las reparticiones estatales y es el más alto después de la Cancillería. El gasto en salarios es el 94% del total.
El salario básico representa solo entre el 20-30% del total de los emolumentos que perciben mensualmente, y el resto variando según el porcentaje de recaudación asignado.
Así, la AFIP se apropia de una masa de recursos inmensa que teóricamente debería ser destinada a financiar la estructura general del Estado nacional, que incluye educación, salud, seguridad y asistencia social. Un peaje multimillonario legalizado que desfinancia al sector público en beneficio de una oligarquía, más reluciente en su desmesura cuando se han vetado mejoras insignificantes en las jubilaciones y la ley de financiamiento a las universidades.
Tal canonjía perjudica además a las provincias, pues afecta impuestos coparticipables.
De acuerdo con un análisis del director de la Maestría en Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, Walter Rosales, publicado en la edición de ayer, las provincias resignaron en 2023 alrededor de 350 mil millones de pesos a favor de la AFIP, “que gasta más que lo que lo hacen individualmente 12 provincias”.
“Siguiendo este razonamiento, puede inferirse que Catamarca aportó a AFIP unos $9 mil millones, equivalente aproximadamente a tres veces la recaudación del Impuesto Automotor e Inmobiliario provincial en dicho ejercicio, o el doble del Impuesto de Sellos”, señaló Rosales.
Catamarca gastó en 2023 un 28% menos que la AFIP.
Para el académico, “una reforma que optimice el costo de recaudar luce razonable. Puede simularse que, si se pagaran salarios equivalentes al promedio de los organismos nacionales, la agencia de recaudación necesitaría un 0,5% de los ingresos tributarios totales que recauda, en lugar del 1,9% actual”.
El Gobierno nacional reemplazará la AFIP por un organismo que se denominará ARCA –como el de Catamarca-, que contará con menos personal.
Sectores de la oposición advierten, sin embargo, que el Fondo de Autarquía del 1,9% de lo recaudado se mantendrá.
“La disolución de la AFIP y la disminución del costo de su estructura son iniciativas positivas -planteó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo-. En la actualidad, a Mendoza, y todas a las provincias, la AFIP les retiene el 1,9% de los impuestos coparticipables para gastos de funcionamiento. Será indispensable una eliminación o al menos reducción de esa retención para que el ahorro sea equitativo”.
También podría aliviarse la presión tributaria en general. Porque no se trata solo de achicar la oligarquía burocrática, sino de eliminarla.
