POR EL CONFLICTO DE AUTORIDADES
La medida fue tomada por la Fiscalía de Delitos contra la Administración. Se secuestró documentación.
La novela del Concejo Deliberante de Los Altos sumó un nuevo capítulo. Una comisión enviada por el fiscal de Delitos contra la Administración, Facundo Barros Jorrat realizó ayer un allanamiento en el edificio del cuerpo para secuestrar documentación parlamentaria de la institución.
La búsqueda de información por parte del funcionario judicial se enmarca en la polémica que envuelve al cuerpo deliberativo por denuncias cruzadas entre quienes aseguran ser sus titulares.
Según información a la que pudo acceder El Ancasti, el allanamiento se produce luego del dictado de una medida de oficio por parte del fiscal para resguardar libros de actas, orden del día y toda aquella documentación referida al conflicto por la elección de autoridades del cuerpo.
La medida tiene por objeto avanzar en la investigación por las denuncias cruzadas presentadas por el concejal Rodrigo Reynoso, quien había sido electo presidente del cuerpo en diciembre pasado y luego reemplazado en otra sesión del 17 de enero por el reincorporado concejal Carlos “Kikí” Olveira.
Olveira también había hecho una presentación judicial, advirtiendo que Reynoso se había allanado a la voluntad de la mayoría por lo que aceptó el cambio de autoridades.
La medida procesal realizada por el equipo de la Fiscalía fue autorizada por el juez de Control de Garantías, Lucas Vaccaroni.
A principios de mes, Reynoso se presentó en la Corte de Justicia para pedir que se declare la invalidez de la sesión del 17 de enero en la que tres concejales le restituyeron la banca y la presidencia del cuerpo a Olveira.
En la oportunidad, Reynoso también hizo otra presentación ante el procurador general de la Corte, Tristán Lobo, para reclamar por la falta de respuesta de los fiscales de turno frente a las denuncias realizadas.
Además, tomó una serie de medidas mientras espera que la Justicia determine la legalidad de la polémica sesión donde Olveira volvió a tomar el poder.
Paralelamente, «Kiki» Olveira se presentó en la fiscalía que conduce Barros Jorrat junto a su abogada, Beatriz Monllau, donde recordó que durante la feria judicial ya se habían realizado denuncias, luego de que el concejal Reynoso habló de una usurpación de la banca ya que Olveira había sido expulsado del cuerpo en septiembre del año pasado.
Según la versión del concejal radical, Reynoso había aceptado la decisión que tomó el cuerpo de devolverle la banca y la presidencia. «El día de esa sesión comparece Reynoso, -tenemos audio que hemos transcripto y se lo presenté al fiscal Barros Jorrat- donde él manifiesta que está de acuerdo (con la restitución de la banca) y que es un acto de estricta justicia que haya vuelto a ser el presidente, que hay que trabajar por el pueblo de Los Altos y que había que respetar la voluntad de la mayoría. También dijo que posteriormente se iba a acordar la entrega de otros papeles y otras cuestiones, pero Reynoso reconoció estrechamente la voluntad de la mayoría y que era un acto de justicia porque las denuncias que le había hecho la concejal Nora Fernández fueron archivadas por inexistencia de delitos. Entonces, no existía una causal para haberlo apartado como lo apartaron», explicó Monllau al momento de efectuar esa presentación.
Por otra parte, Olveira atacó también las decisiones administrativas que tomó Reynoso que aún se considera presidente y que decidió cerrar el Concejo por vacaciones hasta que se expida la Corte por la validez de la sesión del 17 de enero.
Además, envió una carta documento al asesor general de Gobierno, Nicolás Rosales Matienzo, al intendente Raúl Barot y a la secretaria de Asuntos Municipales, Agustina Prieto, a quienes responsabiliza por la estrategia política y las «falsas denuncias».
Olveira afirmó que el allanamiento «fue abusivo y dañino»
Luego del allanamiento, Carlos “Kiki” Olveira cuestionó la forma en que se realizó el procedimiento al sostener que fue “abusivo, fuera de lugar y dañino”.
Según el presidente del cuerpo, el allanamiento se diligenció bajo una “orden totalmente arbitraria por parte del Juez de Garantías N°3, pues los libros y actas del Concejo Deliberante, que obran en copia del expediente judicial, podrían haber sido solicitados vía oficio”.
Además, consideró que “se inmiscuye deliberadamente en un órgano legislativo”, lo que consideró que es “como que se ordene allanar las oficinas de Vicegobernación y se secuestre los libros de sesiones”.
“Es gravísimo porque se pudo ordenar que se constituya la Fiscalía, pida copia y coteje los libros. Sin embargo, se ingresó por la fuerza, un día inhábil, se rompió las cerraduras y se causó daño material”, afirmó.
Luego de este hecho, Olveira consideró que en Catamarca “se violan todos y cada uno de los derechos, sean civiles o sean políticos y lo peor de todo, se usa la Justicia”.
“El fiscal tiene todos los audios, video y copias de las secciones, porque esta parte se los presentó y, si quería los originales bien pudo haberlo pedido vía oficio y no ordenar una medida abusiva sin causa ni razón”, dijo y añadió que por todo lo que ocurrió, entiende que “es una maniobra política y que se usa a la Justicia”.
Por último, Olveira se dirigió al Gobernador planteándole: “Ponga orden institucional ya que estamos hartos de la patota del Gobierno que desconoce el resultado de las urnas y creen que por la fuerza y para encubrir actos graves de corrupción que he venido denunciando, pueden hacerme denuncias falsas, lograr bajo amañadas e ilegales sesiones orquestadas por la política, pararme”.
“No lo van a lograr, fui elegido por el pueblo de Los Altos para luchar contra la corrupción que tanto daño le hizo y para construir una sociedad mejor con futuro para nuestros hijos”, cerró.
