Opinión
Claudia Palladino fue la única legisladora nacional catamarqueña que votó en contra de la reforma de la ley de Glaciares que asigna a las provincias la potestad de administración de sus recursos naturales. Esta conducta contrastó con la de la senadora nacional Lucía Corpacci, quien votó en su momento a favor de los cambios luego de explicar, en una reunión celebrada en la sede del PJ, las razones por las que había decidido asumir una posición contraria a la del kirchnerismo en el que se referencia.
En la encrucijada, Corpacci priorizó los intereses y las facultades autónomas de la Provincia. Palladino, en contraposición, prefirió la comodidad de eludir cualquier tensión con sus compañeros de bancada.
No fue un gesto de integridad, sino una defección. Integridad hubiera sido no aceptar el año pasado ser candidata a diputada nacional en la lista de un Gobierno que, al igual que los del resto de las provincias mineras, venía reclamando por el perfeccionamiento de la ley de Glaciares y el reconocimiento para las provincias de las atribuciones que les otorga la Constitución nacional sobre sus recursos naturales.
Tan medular es el tema en el oficialismo provincial que Corpacci, electa en 2021, cuando Javier Milei no estaba en los planes de nadie, se encargó personalmente de disipar cualquier duda cuando se lo trató en el Senado. La reunión que mantuvo con los legisladores provinciales en la sede del PJ obedeció justamente a la necesidad de aclarar que la reforma de la ley de Glaciares debía sustraerse de la discusión interna por las relaciones entre el Gobierno de la Provincia y la administración libertaria que habían asomado en otros asuntos controversiales.
La diputada Claudia Palladino votó en contra de que la Provincia ejerza sus potestades constitucionales sobre los recursos naturales
Nadie osó recriminarle nada, ni en esa reunión ni cuando acompañó el proyecto en el Senado. Tampoco Palladino, que fue puesta en la lista acompañando a Fernando Monguillot en representación del corpaccismo. Por eso sorprendió el sentido de su voto, acompañando posiciones que, entre otras chicanas, descalificaron la capacidad técnica de las provincias para definir sus zonas glaciares y periglaciares.
Las reservas de las organizaciones ambientalistas hacia la reforma son legítimas y comprensibles. El desempeño de los organismos del Gobierno provincial en el marco de las atribuciones que la ley les ha conferido será clave para aventarlas de acá en adelante.
En el caso de Palladino, es llamativo que no confíe en la competencia de su propio Gobierno para llevar adelante el control ambiental sobre una actividad que es piedra angular de la gestión desde los tiempos de Corpacci, más aún si se considera que tuvo oportunidad de corroborarla mientras se desempeñó como ministra de Salud de la Provincia nada menos que durante la pandemia.
Al exponer en la sesión, la diputada Fernanda Ávila, integrante del bloque «Elijo Catamarca» y presidenta de la comisión de Minería, subrayó que los cambios introducidos permitirán a las provincias delimitar con claridad sus reservas hídricas efectivas, cosa que no se hizo con la ley sancionada hace más de tres lustros.
“El objeto de la ley fue, es actualmente y será en el futuro el mismo: proteger las reservas estratégicas de agua», remarcó e insistió en que se salvarán «imprecisiones técnicas que generan inseguridad jurídica y el debilitamiento del federalismo».
«Tenemos profesionales de altísimo nivel en las provincias, capaces de realizar estudios de terreno con rigor científico”, dijo y aseguró que los procesos provinciales no son «decisiones discrecionales», sino procesos validados con controles permanentes y participación comunitaria.
Palladino la tiene que haber escuchado, pero se ve que les tiene más confianza a los cuadros técnicos metropolitanos.
