Por lo que parecen ser malos entendidos entre el Gobierno, la Municipalidad y los operadores turísticos, las Termas de Fiambalá quedaron envueltas en una controversia que traba la posibilidad de capitalizarlas y mejorar sus prestaciones.
La polémica se disparó a partir de una nota que la Asociación de Empresarios Turísticos Fiambalenses elevó al gobernador Raúl Jalil, en la que plantearon reservas sobre las características del proyecto cuya ejecución el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles adjudicó a la firma “Bracamonte Construcción”.
“El proyecto –consignó la Asociación- no fue aprobado por la comunidad, por lo que las autoridades se comprometieron a realizar los cambios solicitados y volver con la presentación. Jamás volvieron, al menos jamás se volvió a citar a la comunidad para mostrar los cambios realizados”.
El temor es que la intervención planeada distorsione los elementos distintivos del complejo. “Lo que nos hace únicos y nos diferencia de otros complejos termales del país y del mundo es el entorno natural. Por ellos exigimos que se respete nuestro preciado tesoro natural e identidad natural y se nos informe detalladamente qué se pretende realizar y de qué manera, en qué plazos y cuáles son las medidas que se tomarán para mitigar las molestias que toda obra ocasiona”, reclamaron los operadores, que reaccionaron tras unos anuncios del secretario de Obras Públicas del municipio y la instalación de un cartel de la “Revitalización y Puesta en valor Termas de Fiambalá” por un monto de 574,4 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses.
Nadie acierta a especificar cuáles serían los peligros que incuba el proyecto ya adjudicado por Infraestructura y Obras Civiles.
La Asociación de Empresarios Turísticos Fiambalenses se limita a expresar inquietud por la supuesta falta de información. La concejala opositora Sonia Díaz marca lo mismo y señala, sin ofrecer excesivos detalles, sus dudas sobre el efecto que tendría sobre la temperatura del agua la construcción de otros ocho piletones y el impacto ambiental que podría devenir de dinamitar parte del cerro. Todo muy difuso y contaminado por el clima de campaña.
Pero las más de 400 hectáreas en las que se encuentran las Termas fueron declaradas sujetas a expropiación por la Legislatura para devolverlas a la Municipalidad de Fiambalá hace casi dos años. El hecho fue promocionado con las alharacas habituales y la intendenta Roxana Paulón se encargó de anunciar inversiones del Gobierno que alcanzarían los $100 millones.
¿Cómo es que el municipio no advirtió en todo ese lapso el consenso defectuoso sobre el proyecto que le revienta ahora?
Es raro que no haya tomado las prevenciones del caso, porque avisos hubo. El restaurante de las Termas está cerrado debido a que los concejales opositores rechazaron su concesión justamente porque no les daban detalles sobre la obra.
Es comprensible que Paulón busque despegar del conflicto, pues perdió las PASO frente a Juntos por el Cambio y debe remontar una diferencia de 600 votos. Del mismo modo, hubiera sido comprensible que incorporara las mejoras del complejo a su campaña.
La intendenta dijo ayer, sin embargo, que Infraestructura y Obras Civiles actuó de modo unilateral y que “se desayunó” con el cartel.
“Me pareció que no era el momento, que debíamos escucha a la sociedad”, explicó sobre la suspensión de los trabajos.
Haber ajustado el audífono antes. Que se trabe un proyecto de tamaña envergadura sobre la actividad turística de Fiambalá nada menos que por la oposición de los operadores turísticos es a esta altura del partido insólito. No tanto, de todas maneras, como que la intendenta “se desayune” con los carteles y la obra en marcha en su propio distrito.
