EN LA LEGISLATURA
El diputado provincial Hugo Ávila (FAC) presentó un proyecto para que los legisladores nacionales soliciten la intervención federal de la Justicia.
El diputado opositor, Hugo Ávila (FAC), propuso en la Cámara baja que los legisladores nacionales por Catamarca pidan la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia, al considerar que “si no se desmantela la Justicia adicta al Gobierno, no se podrá investigar la corrupción reinante”.
“En Catamarca no hay división de poderes, lo cual es muy grave ya que no se garantizan las formas republicanas de gobierno. La existencia de un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo, sumando a la abrupta mayoría en el Poder Legislativo que tiene el oficialismo, provoca que todos los hechos y prácticas que afectan garantías consagradas por la Constitución no tengan ni enjuiciamiento, ni fiscalización alguna, quedando los ciudadanos desprotegidos y rehenes ante las autoridades provinciales”, opinó el diputado en su proyecto.
En esa línea, aseguró que el Gobierno lleva adelante un “copamiento político del Poder Judicial, ubicando militantes partidarios”, y enumeró la ampliación de miembros de la Corte, la eliminación del Concejo de la Magistratura, y la variedad de concursos declarados desiertos, “lo que le permitió al Poder Ejecutivo realizar las designaciones a dedo, con el fiscal Laureano Palacios como el caso más emblemático”.
“El brutal crimen del ministro Juan Carlos Rojas, y muchos otros casos de características similares, demuestran que los Poderes provinciales no son capaces de garantizar debidamente la vigencia del Estado de Derecho y el normal funcionamiento de las instituciones. Se da también la desaparición física de Karina Chazarreta, una larga lista de femicidios, situaciones graves de inseguridad como el de Cristina Agüero, que hoy lucha por su vida y quizás lo más grave, la impunidad que gozan los dueños del poder en la Provincia de Catamarca, que generan la cartelización de la obra pública, y de las compras directas en el Ministerio de Desarrollo Social”, cuestionó.
Ávila también denunció “maniobras fraudulentas del Estado para apropiarse de tierras en el registro de la propiedad”, la existencia de “clanes nepóticos y mafiosos formados por el partido gobernante”, y la participación de funcionarios en las estafas financieras.
