Que implican los cambios que se impulsan en el Congreso
El proyecto de reforma devuelve importantes facultades a las provincias.
Se viene en el Congreso de la Nación un interesante debate, en torno al proyecto de reforma a la Ley Nacional de Glaciares, cuyos pormenores y alcance no siempre se detallan, lo que lleva a discusiones muchas veces ayunas de fundamentos.
En general se destacó el enfoque más federal de la iniciativa, que devuelve facultades a las provincias, buscando proteger los recursos hídricos estratégicos y a la vez alentando a fomentar el desarrollo productivo.
En reunión conjunta, las comisiones de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados convocaron expertos para conocer detalles del proyecto de reforma a la Ley Nacional de Glaciares, que propone modificar la ley vigente Nº 26639, sancionada en 2010.
Durante la reunión, se destacó precisamente la importancia de comprender cómo la reforma podría impactar a las provincias.
Se explicó que la reforma busca aclarar la Ley del año 2010, que no fue reglamentada durante 15 años y generó controversias debido a la superposición de competencias entre la Nación y las provincias.
Subrayó que el principal objetivo de la reforma es la protección de los glaciares, pero con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos.
Además, se propone un enfoque más técnico y federal, permitiendo la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental, lo que ofrecería la posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente.
Según el inventario nacional, el país cuenta con un total de 17.000 glaciares, de los cuales cerca de 700 se encuentran en la provincia de Catamarca.
Uno de los puntos clave que se abordó durante la reunión fue la ambigüedad en la definición del “ambiente periglaciar” en la ley actual, dado que no se establece claramente qué áreas deben considerarse parte de esta definición, lo que generó disputas sobre su aplicación.
La reforma busca subsanar esta falta de precisión, devolviendo a las provincias la facultad de determinar qué áreas deben ser protegidas en función de su función hídrica.
En ese sentido la reforma establece que las provincias tendrán la facultad de determinar qué glaciares cuentan con recursos hídricos estratégicos y, en consecuencia, cuáles deben ser protegidos.
Además, se introduce la posibilidad de realizar estudios científicos y técnicos, favoreciendo un enfoque más funcional y menos restrictivo respecto a las actividades productivas.
Catamarca
Catamarca posee cerca de 700 glaciares y manchones de nieve, cubriendo una superficie aproximada de 60 kilómetros cuadrados, concentrados principalmente en la alta montaña de la Puna, como el Monte Pissis.
Son glaciares de altura o desérticos, muchos de ellos vinculados con reservas mineras. El desarrollo de varios proyectos depende de la Ley Nacional de Glaciares.
Actual Ley Nacional
La Ley Nacional de Glaciares, sancionada en 2010, tiene como objetivo la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar.
La ley establece que el Estado Nacional tiene la responsabilidad de proteger estos recursos, prohibiendo actividades que puedan comprometer su integridad.
Sin embargo, fue criticada por superponer competencias provinciales y por no haber sido completamente reglamentada durante más de una década.
La ley también impide ciertas actividades productivas en las zonas donde se encuentran los glaciares, lo que ha ocasionado controversias. Uno de los puntos crítcos de la ley es la falta de definición clara sobre qué comprende el ambiente periglaciar.
Proyecto de Reforma
El proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, actualmente en estudio en el Senado de la Nación, propone una modificación de la ley sancionada en 2010.
Uno de los cambios más relevantes es el traspaso de mayores facultades a las provincias para que puedan gestionar sus recursos naturales de manera autónoma.
La reforma aclara que permitirá que las provincias actualicen el inventario de glaciares, con la posibilidad de agregar o excluir aquellos que no sean relevantes para el ciclo hídrico.
Además, la reforma busca aclarar la definición de “ambiente periglaciar”, permitiendo que las provincias tengan más control sobre qué áreas deben ser protegidas.
