Opinión
Las tratativas con los gobernadores para sacar la reforma laboral en el Congreso vuelven a concentrarse en el impacto que tendría el componente fiscal de la normativa propuesta por la Casa Rosada sobre la recaudación del impuesto a las Ganancias.
Con aristas muy controversiales, el tributo unifica a los mandatarios en su defensa porque, al formar parte de la masa coparticipable, implica giros de fondos a las provincias automáticos, blindados a la arbitrariedad de la Presidencia.
Los gobernadores de provincias con porcentajes importantes de sueldos alcanzados por el impuesto suelen expresarse a favor de su reducción o eliminación, pero se trata de mera retórica: estén a favor o en contra, todos cobran las alícuotas que les corresponden.
Las reservas frente a las bajas que la administración libertaria pretende introducir en la reforma laboral se acentúan en un contexto signado por fortísimas reducciones en los fondos que el Tesoro nacional asignaba a las provincias.
De acuerdo a la ejecución presupuestaria de 2025, la Nación redujo su gasto un 29% respecto de 2023, pero esta merma se explica en gran medida por podas de entre el 75 y el 100% de partidas que hasta la llegada de Javier Milei se destinaban a financiar obras, infraestructura vial y servicios esenciales como salud y educación en provincias y municipios.
Frente a esta pertinacia recortadora del gobierno central, es lógico que los gobiernos provinciales cierren filas para proteger los recursos que les llegan vía coparticipación. Ya ocurrió en 2024. El debate parlamentario por la Ley Bases, a la que Milei asignaba un carácter fundacional, se aceleró cuando se decidió discutir por cuerda aparte el paquete fiscal.
Los gobernadores prestaron su anuencia cuando el oficialismo nacional aceptó, en contra del dogma antitributario, reponer las escalas de Ganancias que se habían modificado en 2023 a instancias del ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, con el respaldo de los mismos mandatarios.
La discusión de fondo es por el reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias, que requiere un abordaje integral
Para lograr el apoyo, Massa había prometido compensar a las provincias con la coparticipación de otros impuestos una vez que llegara a la Presidencia, pero el que ganó fue Milei. La precariedad legislativa de los libertarios les permitió recuperar lo perdido, pero ahora la amenaza regresa. Un karma…
La Casa Rosada maniobra sin soltar prenda. La agenda tributaria podría quedar pendiente, pero en algún momento habrá de abordarse. Lo que los gobernadores pretenden es ampliar la masa coparticipable.
En 2017, previo la reforma previsional de Mauricio Macri, lograron recuperar el 15% que la administración nacional les retenía desde mediados de la década del ’90 para financiar la ANSES. Ahora plantean coparticipar la mayor parte del impuesto a los Combustibles, los excedentes del 1,9% del total de la recaudación que embucha ARCA (ex AFIP) y los Aportes del Tesoro Nacional.
Por ahí podría aparecer un acuerdo macro para destrabar la reforma laboral con los cambios en el esquema fiscal que promueve Milei con la esperanza de estimular la generación de empleo. Un cambio estructural en la distribución entre Nación y provincias de la recaudación impositiva contribuiría a terminar con el karma de Ganancias y robustecería el federalismo.
